La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, expuso que el rol de su organización dentro del Consejo Nacional de Derechos Humanos, ente que creó el Gobierno, será de asesor y adelantó que esta instancia podría conducir a la aprobación de un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Acotó que este Consejo será "muy interesante" porque le dará "un orden y un concierto a la política pública en materia de derechos humanos", en referencia a que esta organización trabajará en conjunto con los ministerios.
Ramírez reiteró que en el país "hay un estado de derecho en pleno funcionamiento" y añadió que "las instituciones están cumpliendo con su trabajo de investigar y sancionar a los funcionarios de los cuerpos de seguridad" que cometan abusos contra los manifestantes.
Precisó que desde el inicio de las protestas han sido privadas de libertad 68 personas y que dentro de esta cifra hay 17 funcionarios policiales.
La Defensora agregó que recibió una denuncia de 180 colectivos que hacen vida en el estado Lara, quienes manifiestaron "su preocupación por la campaña de satanización que han sufrido, siendo que realizan trabajo cultural o luchan por el acceso directo al agua potable".
