Eran las nueve de la mañana de un lunes 18 de julio, el primer día laborable después del Mundial de Fútbol de 1994. Ana E. Weinstein, por entonces responsable del Centro de Documentación sobre Judaísmo Argentino de la Asociación Mutua Israelita de Argentina, en Buenos Aires, repasaba con su secretaria, Mirta Strier, la agenda de la semana. Entonces recordó que necesitaba una máquina eléctrica para escribir una carta. Se levantó y se dirigió hacia la otra parte de ese piso para buscarla. Allí, cuando había elegido la máquina, oyó una explosión, sintió que retemblaba el suelo y vio cómo las luces de toda la planta se apagaban de golpe. “Había gente que nos decía que había sido un andamio que se había caído, otros nos gritaban que nos tiráramos al suelo, pero en el suelo no se podía respirar del humo y del polvo”, dice en su despacho de directora de la Federación de Comunidades Judías de Argentina y (todavía) de responsable del Centro de Documentación e Información sobre Judaísmo Argentino. “Salimos por un tejado hacia otro edificio de otra calle. Allí me di cuenta de que la mitad de nuestro edificio se había venido abajo, toda la parte delantera. Alguien me dio agua y me proporcionó un telefono con el que llamé a mi marido. Él me dijo que me iba a buscar a la puerta. Yo le contesté: ‘Cuál puerta, la han volado’. Allí comencé a enterarme de lo que había pasado”.
Un coche bomba había explotado llevándose por delante la vida de 85 personas, entre las que se contaban la de la secretaria Mirta Strier, e hiriendo a otras 300. Constituye desde entonces el mayor atentado de la historia de Argentina. El fiscal Alberto Nisman, cuyo cadáver apareció el domingo en el cuarto de baño de su casa con un disparo en la sien, acusó formalmente a Irán como autor intelectual del atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. Pero 20 años después, sigue impune. Y constituye el remoto origen del fallecimiento de Nisman, una muerte que sigue conmocionando a los argentinos.
Nunca se ha juzgado propiamente este atentado. Cuando en 2001, tras años de investigación, se llegó a la fase del juicio oral, en la que se acusaba a la pretendida denominada “pista local”, esto es, a quienes, supuestamente, habían colaborado con los autores materiales, el tribunal decidió echar para atrás toda la instrucción porque estaba carcomida de irregularidades. Los acusados salieron en libertad y el tribunal acusó, por contra, de encubrimiento a fiscales, jueces y, entre otras autoridades políticas, al expresidente Carlos Menem, que había dirigido Argentina desde 1989 a 1999.
“En cualquier investigación las pruebas y las evidencias sirven para reconstruir lo sucedido. Pero en este caso, durante 10 años, la investigación estuvo más orientada a borrar las pruebas y evidencias que a descubrir qué sucedió”, asegura Roberto Caballero, autor del libro AMIA, la verdad imposible, publicado en 2005.
Más allá de los laberintos judiciales, de los 20 años de dilaciones y de juicios que se ramifican en más juicios y más dilaciones, Ana E. Weinstein comienza a dudar de que alguna vez se haga justicia con el atentado que sufrió el 18 de julio de 1994. “El momento en que oí lo del fiscal Nisman sentí lo mismo que el día del coche bomba, que el suelo temblaba bajo mis pies, que no me sentía segura”. Y añade: “¿Qué tenemos que hacer para que se haga justicia? Tengo la seguridad que de las víctimas ya nadie se ocupa. Ya no sé dónde estoy, dónde asiento mis pies, es como si el edificio de mi país también se viniera abajo”.Fue entonces cuando Néstor Kirchner nombró a Nisman como fiscal especial del caso AMIA. Él acusó en 2006 a cinco iraníes y a un libanés (la mayoría ex altos cargos del Gobierno iraní) pero ni siquiera han sido interrogados, dado que Irán no accede. Nisman también ha acusado recientemente al Gobierno argentino de encubrimiento, de negociar acuerdos económicos con Irán colocando la impunidad de los acusados como moneda de cambio. Se suponía que el lunes pasado iba a demostrarlo en la Cámara de Diputados, presentando un informe. Pero murió un día antes, no se sabe aún si asesinado o por su propia mano. El Gobierno de Cristina Fernández asegura que la denuncia de Nisman no tiene ningún fundamento y que el informe, hecho público, es tan endeble que es inaceptable desde el punto de vista jurídico.EL PAIS
