De igual forma sostuvo que las propuestas de los empresarios sobre la Lottt como la jornada laboral, fueron tomadas en cuenta por la comisión presidencial que diseñó la normativa.
En ese sentido, explicó que los empleadores que no han registrado los horarios en las inspectorías pueden hacerlo en un mes, pero lo más importante es el plan del Ministerio del Trabajo de conversar con los empleadores y trabajadores para aclarar dudas, y que la instrumentación de los horarios se haga correctamente.
Las propuestas de los empresarios sobre aspectos de la Ley Orgánica del Trabajo, como la jornada laboral, fueron tomadas en cuenta por la comisión presidencial que diseñó la normativa, aseguró Osvaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional.
El también integrante del Consejo Nacional del Trabajo refirió que por esa consulta la jornada laboral se llevó a 40 horas semanales en lugar de las 36 horas que se habían planteado inicialmente.
Explicó que los empleadores que no han registrado los horarios en las inspectorías pueden hacerlo en un mes, pero lo más importante es el plan del Ministerio del Trabajo de conversar con los empleadores y trabajadores para aclarar dudas, y que la instrumentación de los horarios se haga correctamente.
La LOT redujo la jornada diurna de 44 a 40 horas semanales, a razón de 8 horas diarias durante 5 días; la nocturna y la mixta quedaron en 35 horas y 37,5 horas semanales repartidas en 7 horas y 7,5 horas diarias, respectivamente. En todos los casos, el trabajador tiene derecho a 2 días libres continuos semanales.
El parlamentario destacó que con la aplicación de la LOT bajaron 63% los reclamos de despidos injustificados en las inspectorías del trabajo. Sobre la retroactividad de las prestaciones sociales, precisó que los patronos han efectuado puntualmente los depósitos y pagos a sus empleados.
–¿Cuáles son los resultados en el primer año de la LOT?
–La evaluación es positiva. Uno de los elementos fundamentales es que toda la sociedad ha aceptado la ley y los empleadores, del sector público y privado, la han acatado. Un logro importante es que los reclamos por despidos en las inspectorías se redujeron 63%, lo cual significa un gran avance en el objetivo de acabar con los despidos sin causa justificada, lo que garantiza al trabajador su empleo y estabilidad laboral.
–¿Y la retroactividad de las prestaciones sociales?
–Las empresas han realizado los depósitos y pagos por ese concepto dentro de las disposiciones y los lapsos tal como está previsto en la Ley. El proceso de adaptación se ha dado sin problemas y ninguna empresa ha cerrado o se ha arruinado por los costos involucrados en la aplicación de la retroactividad. Es más, los trabajadores no han hecho reclamos por prestaciones sociales sino que los conflictos se dan por el registro de algún sindicato y el cumplimiento y discusión de contratos colectivos, que son las diferencias normales a resolver entre patronos y trabajadores.
–Hubo observaciones sobre el registro de los horarios adaptados a la jornada laboral.
–Se dio un año para que las entidades del trabajo tomaran las previsiones para diseñar junto con los empleados los nuevos horarios y registrarlos en las inspectorías. Hubo empresas que lograron el acuerdo con los trabajadores e hicieron la consignación, incluso mucho antes de vencer el plazo. Sin embargo, algunos patronos pensaron que habría un cambio de Gobierno y que la ley dejaría de aplicarse.
–Ellos señalan que bajará la productividad y que las empresas no podrán cargar con los costos.
–Las propuestas de las empresas sobre la LOT fueron escuchadas en el proceso de consulta y en los foros del Ejecutivo y la comisión presidencial que elaboró la ley. Se tuvo mucho cuidado en que no hubiera un impacto económico negativo en las empresas porque eso afectaba los empleos. En la jornada se tomaron en cuenta los niveles de costo y los mecanismos de incorporación de más trabajadores o la redistribución del personal existente. A los patronos se les escuchó y respiraron aliviados cuando la jornada se llevó a 40 horas semanales y no a las 36 que se venían manejando.
–Empleadores alegan que esperaban por el reglamento parcial sobre la jornada y éste entró en vigencia cinco días antes de vencer el plazo de la LOT.
–El reglamento de la ley vieja salió mucho después. Un reglamento es para aclarar dudas sobre la aplicación y los procedimientos a los artículos de la ley. Está claro que entró en vigencia una nueva jornada laboral y los patronos deben cumplir esa disposición.
–Se dio un mes más para registrar los horarios.
–Los que no lo han hecho pueden hacerlo, pero lo más importante es el plan de inspección en los centros de trabajo que en mes y medio aplica el Ministerio del Trabajo, en el cual se aclaran dudas a los trabajadores y se orienta a los empleadores sobre la implantación y publicación de los horarios. La intención del plan no es sancionar sino educar sobre lo más adecuado para aplicar los horarios, además de evaluar ese proceso.
–Hay denuncias de que empresas del Estado, como la Cantv, decidieron unilateralmente los horarios.
–Ningún patrono, sea del sector público o privado, puede imponer los horarios.
–¿Y los tercerizados?
–Quedan dos de los tres años que se dio a los empleadores para pasar a la nómina fija a aquellos trabajadores que realizan labores de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo, y en ese lapso de la ley no pueden despedirlos. Se han concretado absorciones como 3.000 tercerizados en Corpoelec y el pase a fijos en la General Motors. Conviene que las empresas adelanten el proceso de asimilación, no dejarlo para última hora.
–¿Qué aspectos se deben superar en la LOT?
–Todavía no se ha culminado la parte de crear la institucionalidad. El Ministerio del Trabajo ya no es sólo un mediador obrero patronal y las responsabilidades y competencias de los inspectores y los procuradores se han ampliado. Aún queda por hacer en la formación del personal existente y la incorporación del nuevo para atender los retos de la LOT, entre ellos responder en los lapsos legales las solicitudes de los patronos en cuanto a calificación de despidos, cosa en la que ahora se presentan atrasos.
–¿Qué opina de las denuncias sobre persecución en el sector público contra los que votaron por Henrique Capriles?
–No hay ningún reclamo en el Ministerio del Trabajo. Llamo a los afectados a que hagan la denuncia en las inspectorías sin temor a represalias porque la ley prohíbe cualquier tipo de discriminación y los despidos por causas políticas; además, hay inamovilidad laboral. En la Asamblea Nacional prestaremos el apoyo necesario una vez hecha la denuncia en la inspectoría.
3.200 reenganches pendientes
La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional insta a los empleadores del sector público y privado a que acaten 3.200 órdenes de reenganche, con el pago de salarios caídos, emitidas por las inspectorías a favor de trabajadores que fueron despedidos injustificadamente en el marco de la anterior Ley Orgánica del Trabajo, señaló Oswaldo Vera, presidente de la instancia parlamentaria.
Insistió en la obligación de esos patronos de cumplir los dictámenes de las inspectorías dentro de los parámetros de la normativa anterior. Explicó que muchos de los reenganches fueron pasados a los tribunales del trabajo y de lo contencioso administrativo, instancias a las que solicitó acelerar los casos.
Sobre la figura de la renuncia de un trabajador, el diputado aclaró que esa acción es voluntaria y no está fuera de la LOT si se da por un acuerdo concertado con el patrono. “Lo que sí es claro es que el trabajador no puede ser obligado a renunciar ni tampoco ser liquidado con una transacción por debajo de los derechos establecidos en la ley”.
Al referirse a las leyes pendientes de los subsistemas de salud y pensiones de la seguridad social, informó que prevén discutir y aprobarlas en la Asamblea Nacional este año.
El Seguro Social cumple con el pago del paro forzoso a los trabajadores que estén registrados y llenan las condiciones de la Ley del Régimen Prestacional del Empleo, señaló el diputado Oswaldo Vera. El patrono aporta al fondo de paro forzoso para dar una protección temporal al empleado mediante la prestación dineraria, equivalente a cinco meses de salario mínimo, que se cancela en una o dos partes.
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