(Ginebra, 15 de diciembre. EFE).- Al menos 4.707 personas han muerto y otras 10.322 han resultado heridas a causa del conflicto en el este de Ucrania, según el último recuento de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estos datos contabilizan todas las víctimas desde mediados de abril hasta el 12 de diciembre, mientras que desde que el supuesto alto el fuego fue decretado el pasado 6 de septiembre hasta la fecha se han registrado 1.357 muertes.
Estas cifras se recogen en el octavo informe redactado por la Oficina de Derechos Humanos sobre el conflicto en el país.
“La desaparición de la ley y el orden, así como la violencia y los enfrentamientos en las regiones del este, exacerbadas por un influjo de sofisticado armamento pesado, y de combatientes extranjeros, incluyendo algunos de la Federación Rusa, tienen un impacto directo en todos los derechos humanos fundamentales, incluyendo seguridad, libertad, bienestar”, indica el informe.
Por otra parte, el documento hace especial hincapié en las condiciones de vida de las personas que permanecen en las regiones orientales del país, donde residen al menos 5 millones de personas que “tienen reales dificultades para poder sobrevivir”.
El informe recuerda que los rebeldes prorrusos organizaron unas “elecciones” (entrecomillado del informe) el pasado 2 de noviembre en las áreas bajo su control, y el Gobierno ucraniano respondió anulando todos los servicios que provee el Estado en las zonas en conflicto.
“La situación de las personas que dependen de la protección del Estado, o dependen de sus servicios, y que no han podido o no han querido trasladarse hacia áreas controladas por el Gobierno central y donde esos servicios se ofrecen es de gran preocupación”, señala el informe.
El texto recuerda que esta decisión ha exacerbado la situación de vulnerabilidad de las personas en el este, dado que han desaparecido servicios esenciales como la salud, la educación y la asistencia social.
Por otra parte, el informe también se refiere a lo acordado en el Protocolo de Minsk del 5 de septiembre y que tenía que servir como base para una resolución pacífica del conflicto.
El texto recuerda que el Gobierno de Ucrania llevó a cabo los principales pasos legislativos como establecer una amnistía y decretar una ley sobre el estatus especial de las regiones del este, aunque después se retractó de ellas.
Mientras, los grupos armados no implementaron ninguno de los puntos del Protocolo.
Los prorrusos “no permitieron el control de la frontera ucraniano-rusa por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); no organizaron elecciones locales basándose en la ley ucraniana; y no retiraron los grupos armados ilegales, equipamiento militar y militantes y mercenarios del territorio de Ucrania”.
Finalmente, el informe también se refiere al hecho de que los prorrusos no han liberado a unas 378 personas que tenían retenidas.
Y acusa al Gobierno de perpetrar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos a personas sospechosas de separatismo.
