Por cada final, hay decenas de historias inconclusas. Este viernes, un tribunal de Guatemala sentenció al exgeneral José Efraín Ríos Montt a purgar 80 años de prisión por haber incurrido en crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad durante el régimen de facto que condujo entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
Ríos Montt es el primer exjefe de Estado de Centroamérica condenado por crímenes de esta naturaleza, pero no el único susceptible de castigo. Como éste, hay decenas de casos de violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente de América Latina y el Caribe que esperan por ser juzgados y miles de víctimas que esperan justicia. Aunque la región se encuentra en su momento más democrático, los Estados que la integran hacen pocos esfuerzos por honrar esa deuda.
La lista de episodios oscuros y sangrientos es larga. Las matanzas de campesinos ocurridas en El Salvador –entre ellas, la de El Mozote, la más grande de la que se haya tenido noticia en la región— durante el conflicto armado (1980-1992). Las torturas, los asesinatos, los encarcelamientos ordenados por la dinastía de los Duvalier en Haití, entre 1957 y 1986. Las desapariciones y masacres ocurridas en las cárceles venezolanas desde 1992 hasta ahora. Los muertos, los desaparecidos que dejó a su paso la Operación Cóndor, el pacto establecido entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a mediados de los años 70 del siglo XX para arrasar con la disidencia política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido un total de 162 sentencias sobre algunos de estos casos: ha comprobado responsabilidades, repartido culpas y recomendado a los Estados que hagan lo mismo a través de sus sistemas de justicia internos, y que se comprometan a que hechos así de lamentables no se repitan. Perú es el país de la región que más sentencias acumula (27), seguido por Guatemala (17) y por Venezuela (16). En la mayoría de los casos, las reparaciones y demás recomendaciones ordenadas por la Corte no han sido acatadas por los Estados.
“Lamentablemente, faltan todavía muchos años para que esta deuda de justicia se salde. Las víctimas han sostenido una lucha incansable para que se conozca la verdad y se haga justicia. Pero hay poderes todavía vigentes que están claramente interesados en que la impunidad prevalezca”, ha dicho a EL PAÍS Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Washington. El Cejil está dedicado a la promoción y la defensa jurídica de los derechos humanos y, junto a 380 organizaciones de la región, representa en la actualidad a unas 13.000 víctimas de todo el continente ante del Sistema Interamericano.
Al menos 25 países del continente se han adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos, que sirve de base al sistema, y han ratificado la competencia de la Comisión Interamericana y de la Corte. Pero la mayoría de ellos solo acatan parcialmente las resoluciones que estos organismos les imponen; en el último quinquenio, países como Venezuela y Ecuador han criticado duramente a ambas instancias, acusándolas de injerencistas, y han sugerido su desaparición. “Hoy más que nunca es necesaria la vigencia de estos órganos supranacionales para recordarles a los Estados y a los gobernantes de turno sus obligaciones y en caso de que no cumplan con ellas, para hacer las condenas respectivas. Las víctimas requieren de esa voz supranacional, que en muchos casos son los únicos órganos que les han brindado algo de justicia, porque en sus países todos los mecanismos de justicia se encuentran bloqueados”, sostiene Marcia Aguiluz.
Aunque en América Latina y el Caribe prevalece la democracia como sistema, la justicia en la región sigue siendo un estado de ánimo, más que una garantía imprescindible para salvaguardar el estado de derecho.
Los Poderes Judiciales son aún débiles; en muchos casos, dependientes del Ejecutivo, y en los peores, de los Gobiernos de turno, de los cuarteles, de los partidos. “La justicia es lenta, depende de los momentos en la historia política de un país y de las posibilidades”, afirma Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. Brody acompaña en este momento los reclamos de las víctimas contra varios exdictadores: hace dos años, participó en la elaboración del dossier contra Jean Claude Duvalier que está siendo considerado por los tribunales de Haití con miras a un posible juicio por crímenes de lesa humanidad; y en 1998, representó de HRW durante la batalla legal en la Cámara de los Lores que condujo al arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet.
“El arresto del general Pinochet en Londres desencadenó una cascada de justicia (en América Latina) o lo que se conoce como el efecto de Garzón”, recuerda Reed Brody. Antes de que la región experimentara este efecto, en la década de los 80, hubo varias transiciones en América Latina que dejaron impunes a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y en muchos casos, como ocurrió en América Central, los dejaron incluso en el poder. “Pero esto no extinguió la sed de las víctimas y la necesidad de verdad y justicia por parte de la sociedad. Cuando las condiciones políticas vuelven, esos anhelos para la justicia reaparecen con más fuerza. Cada país tiene una historia distinta, pero lo que es similar es la perseverancia de las víctimas en la búsqueda de justicia”, sostiene Brody, con la fe de que los tiempos por venir siempre serán mejores.
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