EFE)- Un tribunal penal de Guatemala condenó a diez años y ocho meses de prisión a una mujer que en 2007 “vendió” a su hijo recién nacido a una organización criminal que lo otorgó en adopción de forma ilegal a una familia estadounidense, informaron hoy fuentes judiciales.
Una portavoz de la Corte Suprema de Justicia dijo a los periodistas que el Tribunal Segundo de Sentencia Penal “declaró culpable” de los delitos de trata de personas y falsificación de documentos a la mujer indígena de 28 años.
La Fiscalía demostró durante el juicio, que esta “vendió” a su hijo recién nacido por unos 15.000 quetzales (1.875 dólares) a los directivos de una organización no gubernamental denominada “Asociación Primavera”.
Según las investigaciones de las autoridades, la estructura criminal utilizaba a esa asociación como “fachada legal” para “captar” a mujeres embarazadas a las que persuadía para “vender” a sus hijos, los que luego eran “ofrecidos” en adopción a familias estadounidenses, a las que les cobraban hasta 50.000 dólares.
La fémina de 28 años, quien huyó de su casa tras quedar embarazada y perder el apoyo de su pareja, fue contactada por los miembros de ese grupo criminal, quienes le otorgaron una cédula de vecindad falsa y le facilitaron los servicios médicos durante la gestación y el parto.
El hijo de la condenada, quien inicialmente fue inscrito en el Registro Civil con el nombre de William Raxuleu Siquín, fue otorgado en adopción a una familia estadounidense en 2008, con la que vive en la actualidad bajo otro nombre.
La estructura criminal relacionada con este caso fue desbaratada en 2010 por las autoridades, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas, tras la detención de más de una docena de personas vinculadas a la misma.
Entre los implicados en este caso se encuentran abogados, exjueces, exempleados de la Procuraduría General de la Nación y la esposa de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Este grupo es señalado de haber participado en al menos 23 casos de adopciones ilegales de niños guatemaltecos que habrían sido “robados” o “comprados” para esos fines.
En diciembre de 2008 cobró vigencia una Ley de Adopciones que regula los procesos de adopción de niños guatemaltecos al extranjero, lo que acabó con las millonarias ganancias que obtenían los grupos criminales dedicados a estas actividades ilícitas.
Según organizaciones que velan por la protección de los derechos de la niñez, esas mafias se embolsaban unos 200 millones de dólares anuales con las adopciones ilegales.
