(Nota de prensa) – Consecomercio considera que el 2015 será difícil para Venezuela y los venezolanos; el Gobierno y los gobernados.
Es un año de retos, pero también de oportunidades. Y el Estado tiene que dejar de crecer y más bien hacer severos recortes en sus actuales dimensiones. Dedicarse a una seria superación progresiva del rentismo petrolero, a través de la diversificación de la producción nacional.
Adicionalmente, el Gobierno está obligado a analizar de manera responsable la magnitud de su costo operativo, que no se le debe seguir imputando a los ciudadanos por la vía de la inflación, y al empresariado por intermedio de la multiplicación tributaria. La inflación es el más perverso de los tributos. Y aquí lo ha demostrado fortaleciendo la pobreza y el empobrecimiento a todos los niveles sociales del país.
Esa inflación tiene que ser enfrentada en sus orígenes estructurales, de la misma manera que lo hizo la mayoría de los países vecinos, y por lo que hoy exhiben ventajas comparativas fortalecidas, exitosas y competitivas de alcances internacionales. Si eso también se deja de hacer el riesgo al que se enfrenta el país es al debilitamiento de la empresa privada o a su informalización de manera masiva, que, en el caso nacional, es mayoritariamente de pequeñas y medianas estructuras familiares, hoy ya imposibilitadas de seguir operando en un ambiente donde la renta y su derecho a expandirse se les niega a diario.
El diálogo y el entendimiento como necesidad
En las diversas oportunidades cuando los sectores público y privado han podido conversar y se han dejado escuchar, es decir, han dialogado, también han abundado los diagnósticos y las posibles propuestas y soluciones a los problemas que hoy agobian a la economía nacional. Ante el 2015 y sus demandas, el país se merece la voluntad política de la acción decidida, positiva y seriamente comprometida con todos los venezolanos.
Ha llegado el momento de que el gran hacedor de políticas públicas tome las decisiones que agilicen la economía, conduzcan al mercado hacia la modernización y su actualización. Y, desde luego, se incentive a la inversión privada tanto nacional como internacional, con el fin de que se instale entre nosotros como herramienta fundamental e imprescindible para el progreso social, y haga posible la necesaria e impostergable diversificación de la economía, única manera de evitar la dependencia obligada del ingreso petrolero.
El inevitable escepticismo sectorial
El descenso sensible de los ingresos fiscales como consecuencia de la caída del precio del petróleo ha sido convertido en argumento de economistas nacionales e internacionales y de diversos sectores de la economía, como un motivo para dar como un hecho que el Gobierno Nacional decidirá lo que difirió durante 18 meses: ordenar el desorden administrativo; disciplinar el gasto público; estimular la producción nacional; incentivar el emprendimiento; promover condiciones jurídicas y políticas para atraer inversiones privadas, es decir, brindarle confianza al mercado.
Sin embargo, en Consecomercio y en sus organismos afiliados no existe una plena coincidencia con dicha posibilidad. Hay escepticismo. Y lo relacionan con el hecho de que, aun en un ambiente de obvias limitaciones para atender las necesidades mínimas en materia de divisas para que los sectores primario y manufacturero comiencen a reactivar la economía, se desconoce a qué alternativas recurrirá el Gobierno para que eso suceda.
Es una deuda que todavía mantiene con la sociedad venezolana en general, tan importante como las decisiones sobre las que han emitido opinión las autoridades económicas, sin que nadie explique por qué se insiste en diferirlas, a expensas de un costo inestimable e incuantificable para el país y su población.
En materia de medidas, lo que se percibe es un recrudecimiento de los restrictivos sistemas de controles de cambio y de precios, que han concluido en lo que el Comercio y los Servicios están registrando a finales del 2014 como un efecto negativo histórico. Y, además, en la aprobación de un conjunto de leyes bajo el amparo de la Ley Habilitante, amén de una perjudicial reforma de la Ley de Timbre Fiscal, cuya sola presencia evidencia la negativa gubernamental a evitar que la empresa privada sucumba ante el creciente tamaño del Estado, y su incontrolable voracidad de ingresos para seguir funcionando con base en los postulados y dimensión de la actualidad.
A lo largo del año que está a punto de concluir, los diferentes organismos empresariales del país han argumentado que la empresa privada nacional no ansía ni espera un desmantelamiento del Estado, para medrar en el desorden y la anarquía. Han dicho que se necesita un Estado eficiente, seriamente bien administrado y capaz de actuar con base en el articulado que le fija la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela.
Es decir, un Estado que respete al ciudadano, lo valore en su utilidad e importancia productiva, y que, por la vía del esfuerzo y el emprendimiento, ese mismo ciudadano desarrolle su legítimo derecho de vivir cada día mejor, en un ambiente de paz, armonía y fortaleza institucional familiar. Definitivamente, lo que Venezuela requiere es menos Estado burocrático y más ciudadanía productiva.
