Así lo informó la Fiscal General del República, Luisa Ortega Diaz, quien indicó que estas acciones legales son: prohibición de la salida del país, privativas de libertad, congelación de cuentas de las empresas constructoras e inmobiliarias, prohibición para enajenar y grabar bienes.
En este sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público indicó que, desde su despacho vienen trabajando, desde el año 2009, para evitar el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en las viviendas que están en construcción y para el resguardo de los intereses de los compradores.
Además, indicó que en el transcurso de la semana pasada realizaron una mesa de trabajo representantes de la Fiscalía, Indepabis, el Ministerio de la Vivienda y del Cicpc a fin de trazar acciones conjuntas para atacar todo lo relacionado con las estafas inmobiliarias.
“El año pasado (2009) en el mes de junio el Ministerio Público creó un plan contra el fraude, la estafa y la usura; en donde comenzamos atacar el cobro del IPC que, aun cuando habia una resolución ministerial y una sentencia del TSJ, los constructores lo seguían cobrando (…) La semana pasada nos reunimos con el Indepabis, el Ministerio de la Vivienda, el Cicpc, para elaborar unas acciones conjuntas para atacar este tema”, aseguró la fiscal Luisa Ortega Diaz en un contacto telefónico con el programa Aló Presidente, número 367.
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