El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema del país por el fallo que obliga al gobierno a revelar el sueldo de los abogados que defienden al Estado chileno ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima peruana.
Según la versión digital de El Mercurio, representantes de la Cancillería y abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) estudiarán en detalle el fallo de la Corte de Apelaciones que obliga a revelar esa información del equipo jurídico que defendió a Chile en diciembre pasado.
En los primeros análisis que hicieron al fallo las altas autoridades de la diplomacia chilena, pudieron advertirse algunos errores de interpretación de la ley.
De hecho, uno de los escenarios que se barajan es presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Ello, sin embargo, lo confirmará el propio canciller Alfredo Moreno, quien recibirá un informe de los embajadores y abogados del CDE que se reunirán hoy en el Edificio Carrera.
La premura de realizar este encuentro a primera hora es que para presentar un recurso de queja se tiene un plazo máximo de cinco días.
Si bien dicho recurso se aplica cuando ha habido "falta o abuso" en un fallo, en la práctica también se usa en ocasiones en las que se habría interpretado mal la ley.
En su dictamen, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Cancillería entregar los nombres de los abogados que participaron en la defensa de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya ante Perú, entre enero de 2010 y octubre de 2011, y el monto de sus honorarios.
En fallo unánime, la 6 Sala del tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), que en junio del año pasado obligaba a la Cancillería a responder el requerimiento de Romina Colman Carnevali, residente en Argentina.
Los ministros Mauricio Silva y Jenny Book (suplente) y la abogada integrante Claudia Schmidt, consideraron que la información no está sujeta a causal de reserva, desestimando que vulnere el "interés nacional" y que tenga "consecuencias importantes en el campo internacional para el país".
"En general, no es todo lo relativo a las relaciones exteriores lo que está sujeto a reserva o secreto. De lo que se trata es de contener la garantía institucional, de acceso a la información, sobre los aspectos que de ser conocidos pondrían en serio riesgo el funcionamiento del sector y, de paso la garantía de la propia permanencia del Estado y la salvaguarda de sus intereses públicos más esenciales", dice el fallo.
ANDINA
Según la versión digital de El Mercurio, representantes de la Cancillería y abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) estudiarán en detalle el fallo de la Corte de Apelaciones que obliga a revelar esa información del equipo jurídico que defendió a Chile en diciembre pasado.
En los primeros análisis que hicieron al fallo las altas autoridades de la diplomacia chilena, pudieron advertirse algunos errores de interpretación de la ley.
De hecho, uno de los escenarios que se barajan es presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Ello, sin embargo, lo confirmará el propio canciller Alfredo Moreno, quien recibirá un informe de los embajadores y abogados del CDE que se reunirán hoy en el Edificio Carrera.
La premura de realizar este encuentro a primera hora es que para presentar un recurso de queja se tiene un plazo máximo de cinco días.
Si bien dicho recurso se aplica cuando ha habido "falta o abuso" en un fallo, en la práctica también se usa en ocasiones en las que se habría interpretado mal la ley.
En su dictamen, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Cancillería entregar los nombres de los abogados que participaron en la defensa de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya ante Perú, entre enero de 2010 y octubre de 2011, y el monto de sus honorarios.
En fallo unánime, la 6 Sala del tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), que en junio del año pasado obligaba a la Cancillería a responder el requerimiento de Romina Colman Carnevali, residente en Argentina.
Los ministros Mauricio Silva y Jenny Book (suplente) y la abogada integrante Claudia Schmidt, consideraron que la información no está sujeta a causal de reserva, desestimando que vulnere el "interés nacional" y que tenga "consecuencias importantes en el campo internacional para el país".
"En general, no es todo lo relativo a las relaciones exteriores lo que está sujeto a reserva o secreto. De lo que se trata es de contener la garantía institucional, de acceso a la información, sobre los aspectos que de ser conocidos pondrían en serio riesgo el funcionamiento del sector y, de paso la garantía de la propia permanencia del Estado y la salvaguarda de sus intereses públicos más esenciales", dice el fallo.
ANDINA
