La Audiencia Nacional ha avalado la apertura de una investigación al presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, su antecesor, Sandro Rosell, al jugador Neymar da Silva, a su padre y al propio club por una presunta estafa y delitos de corrupción en el fichaje del delantero brasileño.
La querella fue presentada por el fondo de inversiones brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos deportivos del jugador y se considera perjudicado por el proceso de traspaso.
Ahora, los magistrados Angela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel destacan que la investigación tiene “consistencia delictiva” y se rechazaron las apelaciones presentadas.
Según los cálculos del juez De la Mata, quien lleva la causa en Barcelona, el coste del traspaso alcanzó los USD 91 millones, contrario a lo que sostiene Rosell, quien aseguró que la operación se hizo por USD 62,3 millones.
La diferencia se logró gracias a que varios contratos vinculados al fichaje del futbolista no eran sino una forma de enmascarar más pagos del Barcelona al Santos, aunque se simulase con otros conceptos como un partido amistoso.
Esto habría provocado un “claro perjuicio” para la empresa DIS, que en el momento del traspaso tenía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador.
A su vez, los magistrados destacan que la “posible alteración de las reglas del libre mercado de fichaje de futbolistas” que pudo provocar la operación, justifica la imputación por un delito de corrupción entre particulares.
Sin embargo, el juez no tiene previsto citarlos a declarar hasta no contar con toda la información que solicitó en junio.
En la causa por el fichaje de Neymar que se sigue en Barcelona, la Fiscalía pide que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los USD 68,4 millones.
Mientras tanto, y para perjuicio del 10 brasileño, la Justicia brasileña ordenó el mes pasado congelar parte de sus bienes por fraude fiscal, por un valor de USD 46,7 millones.
Fuente: Infobae
