Por el presunto cobro ilegal en la expedición de pasaportes, nombramiento de cónsules con ciudadanía estadounidense sin autorización del Departamento de Estado para trabajar y supuestas adquisiciones irregulares de teléfonos satelitales, fueron destituidos 29 funcionarios del consulado venezolano en Miami.
Estas personas dijeron al diario Nuevo Herald que las acusaciones son falsas y piden al presidente Chávez para que muestre las pruebas.
Por Antonio María Delgado
El Nuevo Herald de Miami
El gobierno de Venezuela destituyó la semana pasada a 29 funcionarios de su consulado en Miami y el máximo responsable de la oficina habría presentado su renuncia en solidaridad, tras la publicación en los medios de una serie de irregularidades que habrían sido cometidas dentro de la sede diplomática.
Román Orta, uno de los funcionarios despedidos, dijo en un comunicado que el cónsul general de Venezuela en Miami, Antonio José Hernández Borgo, anunció a su personal que estaba dispuesto a separarse del cargo.
No obstante, el diplomático no pudo ser contactado por separado para confirmar la información.
Los anuncios se hicieron luego de que El Nuevo Herald publicara las declaraciones de otro grupo de empleados del consulado que fueron destituidos el año pasado bajo acusaciones de que habían enviado una carta anónima al canciller venezolano, Nicolás Maduro, denunciando las presuntas irregularidades.
Las denuncias incluían presuntos cobros ilegales por la expedición de pasaportes, el nombramiento de cónsules con ciudadanía estadounidense que trabajan sin autorización del Departamento de Estado norteamericano y supuestas adquisiciones irregulares de teléfonos satelitales.
Los empleados destituidos el viernes, sin embargo, dijeron que esas acusaciones son falsas y lanzaron un llamado al presidente Hugo Chávez y a Maduro para que presenten las razones o pruebas que motivaron la decisión.
En un comunicado emitido por Orta en representación de todos los empleados destituidos, los afectados dijeron ser víctimas de un "un grupo de ex empleados del consulado que se han tomado la tarea de desprestigiar, agredir, difamar tanto a la primera autoridad de este consulado, Antonio Hernández Borgo, como al resto de los empleados locales y diplomáticos''.
Agregaron que las acusaciones se basan en una "una ola de rumores (chismes de pasillos) que han estado saliendo por varios medios de comunicación, difamándonos y desprestigiándonos como si fuéramos unos delincuentes''.
La cancillería notificó al cónsul la cesantía de 29 funcionarios en una circular el que Hernández Borgo leyó a su personal pasado viernes.
"Ese mismo día el cónsul puso su cargo a la orden. El nos dijo que lo hizo y confiamos totalmente en él'', dijo Orta, quien trabajaba en el departamento de pasaportes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el consulado.
Además de Orta, la lista de empleados destituidos incluye a los cónsules de segunda, Silvia Padrón, Daniela Penso, Ender Flores y Cirilo Rodulfo, quien se encontraba en el centro de las controversias debido a que grabó un video ampliamente divulgado por la internet en la que dice ser fanático de la pornografía.
También fueron destituidos el agregado comercial Oscar Páez, la administradora María Carolina Rodríguez, el encargado del departamento de sistemas Francisco Rodríguez, el asistente del cónsul general, Luis Veliz, y su secretaria Rosa Crespo.
Además de Orta, otras tres de las personas destituidas formaban parte del departamento de pasaportes.
El escándalo estalló luego de que El Nuevo Herald publicara las declaraciones de un grupo de funcionarios despedidos en octubre tras denunciar los presuntos malos manejos dentro del consulado ante la embajada de Venezuela en Washington, la Presidencia de la República y la Cancillería.
Bianka Hurtado, una de las personas despedidas el año pasado, explicó a El Nuevo Herald que su preocupación y la de sus compañeros comenzó por la creciente ola de comentarios de amigos y conocidos que se quejaban de que estaban cobrando hasta $500 por obtener o agilizar la expedición de pasaportes venezolanos en el consulado.
"Nos decían que el consulado era un nido de corrupción'', explicó Hurtado.
Añadió que en el desarrollo de sus funciones en diferentes posiciones del consulado detectaron algunas inconsistencias en la expedición de los pasaportes y de certificados de uso de automóviles.
Los certificados son expedidos para eximir a los venezolanos de pagar impuestos de importación de automóviles que adquieran en Estados Unidos siempre y cuando lo hagan durante un período de vacaciones de 11 meses continuos en este país.
Pero el cónsul general, quien lleva 11 años en su cargo, dijo que ninguna de las denuncias tiene sustento probatorio y que ha demostrado que todas son falsas frente a sus superiores en Caracas.
"Que yo cobro por dar una cita, que traigan la prueba, pero de verdad, y yo ahí delante pongo el cargo a la orden [. . .] Ellos me están difamando'', declaró Hernández en una entrevista telefónica con El Nuevo Herald, antes de la publicación del artículo del 27 de febrero.
Hernández, quien trabajaba en un expendio de pinturas de Miami cuando fue nombrado cónsul por Chávez, su compañero de armas, aseguró que su única propiedad en Estados Unidos es una motocicleta.
El periodista Gerardo Reyes colaboró con la redacción de este artículo.
