El dictamen de la reforma política avanzó este lunes en las comisiones del Senado mexicano en una discusión en la que no participó el Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas). Las modificaciones constitucionales incluyen, entre otras, el fin al veto a la reelección de legisladores y alcaldes, la creación de un Instituto Nacional Electoral, la conversión de la actual Procuraduría a una Fiscalía general y la anulación de elecciones en las que los candidatos rebasen los techos de financiamiento. El proyecto será debatido en el pleno del Senado este martes, donde se espera que los legisladores de izquierda muestren su rechazo a una reforma que “limita los derechos de los ciudadanos”. Por este proyecto de ley el PRD abandonó el pasado jueves el Pacto por México y las mesas de negociaciones de las reformas política y energética.
Cinco comisiones del Senado aprobaron este lunes en lo general las 25 modificaciones a artículos constitucionales que componen la llamada reforma política. Dos senadores del Partido del Trabajo (PT) fueron los únicos representantes de la izquierda presentes en los salones del Congreso. La mayoría estuvo conformada por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN, de derechas). Omar Fayad, del PRI, lamentó la ausencia de la izquierda y dijo que se "perdió la gran oportunidad de impulsar todos juntos la reforma".
Alejandro Encinas, del PRD, presidente de una de las comisiones que trabajan con el dictamen, apareció de forma breve en la sesión para fijar el punto de vista de su partido. Habló de las principales diferencias que se mantienen con sus adversarios políticos. “Es inaceptable la pretensión de establecer la reelección inmediata de diputados y senadores. Nadie puede legislar en su propio beneficio”, señaló. El PAN, uno de los principales impulsores de esta reforma, desea que los actuales legisladores puedan ser reelectos hasta por 12 años en cuanto termine su periodo (en 2015 para diputados y en 2018 para senadores). A esto también se opone el PRI. “Fuimos electos sobre normas y leyes claras que definen con toda precisión el término de nuestro mandato”, dijo Encinas.
La reforma que desea hacerse al artículo 59, que permitirá la reelección, señala: “la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición… tratándose de candidatos independientes solo podrán postularse con ese mismo carácter”. Esto ha sido interpretado como un candado para bloquear a aquellos ciudadanos que deseen aspirar a un cargo sin estar cobijados por un partido. “Esto hace imposible competir de forma exitosa a los candidatos independientes”, dice el senador del PRD Manuel Camacho Solís. La redacción del artículo es vista, por algunos, como una garantía para los partidos, que podrán limitar a los militantes que se quieran reelegir sin el permiso de las cúpulas políticas que los postularon. “¿Qué pasa si un legislador se queda sin partido antes de que termine su encargo”, preguntó Javier Corral, del PAN, al resto de los integrantes de las comisiones.
Las elecciones en las que se demuestre que un candidato haya rebasado el techo de financiamiento serán anuladas. El candidato que haya incurrido en la falta será sancionado y no podrá volver a competir. También serán castigados aquellos postulantes a puestos de elección popular que hayan usado dinero ilícito o que hayan disfrazado propaganda como información en medios de comunicación.
La reforma va más allá de lo electoral: también decreta la sustitución de la Procuraduría General de la República por una Fiscalía Nacional de Justicia. Permite la figura de Gobierno de coalición y otorga nuevas atribuciones y funciones a las cámaras para aprobar y ratificar a los miembros del gabinete. El actual Instituto Federal Electoral será sustituido por el Instituto Nacional Electoral, un organismo semi centralizado que formará a los consejeros estatales encargados de organizar las elecciones en las 32 entidades del país. La mayoría de estos cambios entrarán en vigor en 2018, algo que también ha creado polémica. “¿Para qué se hace una reforma si no se va a aplicar?”, reflexiona Camacho.
Críticas a la reforma
A la sesión en el Senado acudieron miembros del movimiento #ReformaPolíticaYa, que lucha por los derechos de los candidatos independientes y la posibilidad de reelección para legisladores y alcaldes. “Esta reforma está poniendo piedras en el camino a los candidatos ciudadanos”, dice Gonzalo Ibarra, integrante del colectivo. Este tipo de candidaturas deben reglamentarse antes de julio de 2014, pero esta reforma quiere ampliar ese límite. Si esto sucede las próximas elecciones se llevarán a cabo con las mismas reglas que las de 2012, cerrando la posibilidad a los candidatos independientes. “Esto es una simulación”, aseguró Ibarra vía telefónica desde Guadalajara.
Manuel Camacho Solís, ex priista y hoy senador por el PRD, señala que la legislación que se quiere adoptar es “tramposa” ya que limita los derechos ciudadanos. “Si algo necesita la democracia mexicana es la inclusión y esta reforma parece que no quiere que haya participación ciudadana”, dice. El senador lamenta que se quiera bloquear la propuesta, del PRD, de incluir la figura de la Consulta popular. “Como en Europa, donde se hace un referendo a los ciudadanos para preguntarles si sus Estados deben de formar parte de la Unión Europea o de la OTAN”, señala. La polémica, asegura Camacho, es que el PRI y el PAN “quieren agregar un artículo que indica que no se puede someter a consulta algo ya aprobado”.
Fayad, del PRI, recuerda que el PRD estuvo presente en las negociaciones del dictamen. "Si están en desacuerdo que lo debatan. No se vale levantarse de la mesa. A veces hay que recordarles que no ganaron la presidencia. Esto se construye con consensos", apunta. El senador, originario del estado de Hidalgo, pone el ejemplo del Instituto Nacional de Elecciones. "Es un tema que propuso el PRD y que no me termina de gustar porque centraliza funciones. Debemos ceder ante nuestras posiciones, eso es importante en democracia", dice.
José María Martínez, del PAN, señaló que el PRD “no debe tomar de rehén la reforma política” y que las objeciones que pueda tener “deben verse en otra cancha y en otro momento”. El PRI y sus aliados del Partido Verde y Nueva Alianza junto con el PAN suman 100 de los 128 legisladores que conforman la cámara alta y quienes previsiblemente aprobarán la reforma este martes.
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