Padres y compañeros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, sur de México, reiteraron este domingo su llamado a ampliar las investigaciones del caso, al cumplirse 10 meses de la tragedia.
“No podemos regresar a casa sin saber lo que verdaderamente ocurrió con nuestros hijos”, dijo Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos.
Añadió que pese a que políticos y autoridades piden aceptar que 43 estudiantes fueron asesinados, “los seguiremos buscando con vida mientras no se esclarezca lo sucedido mediante pruebas científicas irrefutables”.
De acuerdo al reporte presentado el pasado jueves por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre que el Gobierno pretende cerrar el caso, exigen que el expediente se mantenga abierto hasta agotar todas las líneas de investigación.
A su vez, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, indicó que después del mitin brigadas informativas recorrerán los puntos más importantes de la ciudad para repartir a los ciudadanos 30 mil volantes con el posicionamiento.
Los manifestantes, respaldados por diversas organizaciones civiles, también realizaron este domingo una marcha en la que exigieron a las autoridades atender las recomendaciones contenidas en el reporte de la CNDH.
Se conoció que el pasado jueves, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, presentó el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” relativo de la desaparición de los estudiantes.
González afirmó que en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, “se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada”.
La CNDH subraya la necesidad de aplicar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a la víctimas y a sus familiares, que por diversas razones no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho.
Asimismo, resalta la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, incluyendo la ejecución de órdenes de aprehensión, que se estima que serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos.
El documento plantea en total 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local), que buscan contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos.
De acuerdo con la versión oficial de los hechos, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
6 personas murieron, incluidos 3 alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente fueron asesinados y quemaron sus restos en un tiradero de basura.
Los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y exigen que se investigue el presunto papel de fuerzas federales en la tragedia.
Fuente: EFE
