La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo hoy que la prevención del delito “debe comenzar” en los hogares venezolanos, erradicando los valores consumistas que instan a los jóvenes a delinquir para obtener bienes materiales.
“Con qué moral podemos exigir que no delincan para obtener los bienes materiales que desean, cuando nuestra conducta les enseña que son importantes las apariencias, las posesiones, los símbolos y el status, por lo que la prevención del delito debe comenzar en el hogar con el ejemplo que los padres proyectan”, dijo.
Precisó que es innegable que vivimos en una sociedad de consumo que se vale de todos los medios de comunicación y redes para llegar a los adolescentes, mostrándosele que el éxito y la felicidad esta estrechamente ligado a la marca de celular o ropa que se use.
Puntualizó que este modelo se repite en algunos núcleos familiares donde los padres basan el éxito en la obtención de bienes materiales y así sentirse realizados.
Manifestó que si se quiere erradicar estas conductas de nuestra sociedad los padres deben comenzar preocuparse porque sus hijos tengan la mejor educación moral y ética posible,ya que mañana esta será la herramienta fundamental para su supervivencia en la sociedad.
“La prevención debe ser integral y debe comprometer al Estado, la sociedad y la familia,a promover valores como el respeto y la humildad” agregó.
Propone una instancia que garantice la protección de los niños
Luisa Ortega Díaz propuso la creación de una instancia nacional autónoma que tenga la responsabilidad de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes.
La propuesta fue realizada durante su ponencia en el IX Foro de Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, realizado en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia, este miércoles 24 de noviembre, donde expuso el tema la Prevención del Delito en la Adolescencia.
Ortega Díaz detalló que la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establece que los consejos de protección forman parte de la estructura administrativa y presupuestaria de las alcaldías, pero desde el Ministerio Público se ha evaluado que esto constituye una gran debilidad que debe ser atendida.
Indicó que en oportunidades algunas alcaldías no le dan el tratamiento adecuado que necesitan y requieren estas instancias, por lo que se desvirtúa su naturaleza y, en consecuencia, los niños, niñas y adolescentes no son protegidos de manera adecuada.
La Fiscal General afirmó que es necesario abordar o revisar si realmente las alcaldías están cumpliendo con el rol que les corresponde en los consejos de protección, debido a que esa es la primera instancia que de no estar revestida de todas las seguridades jurídicas, el resto del proceso va a tener problemas que incidirán negativamente en el tratamiento a los trasgresores de la ley penal.
Proceso Social Preventivo
Asimismo, Ortega Díaz recordó que hace un año en la edición anterior de este foro, hizo una propuesta del Proceso Social Preventivo para Adolescentes en conflicto con la ley penal, citando el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionado con la participación de los ciudadanos en los programas de prevención.
“La finalidad de esta estrategia busca evitar el proceso penal y sus efectos negativos, además de involucrar a los consejos comunales como entes de rango legalque están en estrecho contacto con la comunidad, como órgano de apoyo, asistencia y orientación a los jóvenes en conflicto” acotó.Destacó que este proceso constituye un cambio de paradigma significativo acerca de la manera de aproximarse a un problema tan delicado como es la comisión de hechos punibles por parte de los adolescentes.
Ortega Díaz detalló que con esta propuesta, cuando un fiscal tenga fundados elementos que le hagan presumir que un adolescente se encuentra en conflicto con la ley penal, deberá acudir ante un juez para que en una audiencia, donde se le garanticen los derechos al joven, y una vez demostrada la infracción, sea incorporado al proceso social preventivo y no trasladado a un centro de reclusión para adolescentes.
La máxima autoridad del Ministerio Público expresó que es en la resocialización del adolescente, cuando se incorporan los consejos comunales que en conjunto con un equipo multidisciplinario (psicólogos, trabajadores sociales entre otros), y en estrecho contacto con su familia, pueden lograr su incorporación a procesos educativos y productivos que le permitan al adolescente convivir pacíficamente en sociedad, siempre bajo la supervisión del órgano jurisdiccional.
Explicó que a este proceso social preventivo se le puede establecer un lapso de duración máxima tres años, dependiendo de las condiciones de cada adolescente, sin pretender la abolición del sistema penal, porque este seguirá manteniéndose en delitos como homicidio calificado, secuestro, tráfico o fabricación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre otros.
Ortega Díaz dijo que lo que se pretende es fortalecer las formulas de solución anticipadas contempladas en la Lopnna y utilizar el principio de la cárcel como última medida.
Detalló que aunque el factor fundamental para conseguir este proceso es la familia, también lo son los operadores de justicia, quienes tienen el compromiso y la tarea de que los adolescentes sean los hombres buenos del futuro que contribuyan a formar una sociedad justa humana solidaria y en paz.
Con información de nota de prensa
