Hasta la Policía Montada de Canadá está involucrada ya en la avalancha de demandas contra España por sus reformas eléctricas. España figura ya como el país con más litigios en los registros de disputas de la Carta de la Energía, el principal tratado multilateral en la materia. Entre las últimas demandas registradas está la solicitud de un arbitraje por parte de una sociedad conjunta de Isolux y PSP Investment, el fondo de pensiones de los funcionarios, el Ejército y la Policía Montada de Canadá, que gestiona más de 76.000 millones de dólares canadienses (52.000 millones de euros) en activos.
Los socios de Isolux ya habían demandado a España en otro litigio presentado por la sociedad holandesa Charanne y por la luxemburguesa Construction Investments, las firmas a través de las cuales los empresarios Luis Delso y José Gomis controlan Isolux Corsán. Pero ahora se ha abierto otro arbitraje en el que el protagonista es la sociedad Isolux Infrastructure Netherlands, domiciliada en Holanda, que solicita una indemnización por los recortes sufridos en la retribución de las energías renovables, en particular la fotovoltaica.
Los socios de esa firma son el Grupo Isolux Corsán (GIC) y la firma Infra-PSP Canada, dependiente del fondo de pensiones Public Sector Pension Investment Board o PSP Investment. El fondo de pensiones de los empleados públicos canadienses llegó a un acuerdo en junio del año pasado para hacerse con el 19,23% de Isolux Infrastructure Netherlands, una sociedad de nueva creación a la que Isolux aportó sus participaciones en varias filiales dedicadas a la transmisión eléctrica, autopistas y generación de energía fotovoltaica, en el que opera a través de T Solar.
Aunque el fondo de pensiones canadiense se hacía con una participación minoritaria por su aportación de capital, el acuerdo le concedía derechos de veto sobre decisiones estratégicas y exigencia de mayorías reforzadas para otros asuntos. Por ello, al autorizar la operación, la Comisión Nacional de Competencia concluyó que existía un control conjunto
Como abogados de la firma demandante actúa el despacho Bird & Bird, que también asesora a los socios de Isolux en el otro arbitraje, en el cual el Gobierno español ha contratado los servicios del bufete Herbert Smith Freehills para su defensa. Bird & Bird asesora además a la patronal Protermosolar en su batalla jurídica contra los recortes a las renovables.El importe de la demanda presentada por la sociedad no ha trascendido. El pleito será realizado al amparo del Tratado de la Carta de la Energía con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.
El Gobierno español se juega cientos de millones en los pleitos por las renovables. El miedo a los litigios explica, según algunas fuentes del sector, que el Gobierno no haya sido más agresivo en los recortes a las renovables. El incremento exponencial de las primas está entre los factores que han provocado que el sistema eléctrico español tenga déficit (costes superiores a los ingresos) a pesar de que el recibo de la luz es uno de los más altos de Europa. Las dificultades para cuadrar el círculo han llevado al Gobierno a intentar ir poniendo un parche tras otro sin mucho éxito. Las contradicciones del Gobierno y la subasta de la semana pasada son solo los últimos episodios de un problema que dista mucho de estar resuelto.
España tiene ya frentes abiertos en tres tribunales de arbitrajes diferentes por los recortes a las renovables. La primera demanda fue la presentada en 2011 por una serie de 16 inversores en energía solar fotovoltaica (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energía Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH & Co., NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL.
En segundo lugar, los arbitrajes registrados por la organización del Tratado de la Carta de la Energía ante la Cámara de Comercio de Estocolmo son ya tres: el inicial de los socios de Isolux, el nuevo de la firma controlada con el fondo de pensiones canadiense y el presentado por la filial luxemburguesa de Abengoa CSP Equity Investment con el asesoramiento de Cuatrecasas, en la que la firma reclama 60 millones de compensación anual por lo que considera una “expropiación” de derechos a sus plantas termosolares.
El tercer frente es el abierto el mes pasado por los fondos RREEF y Antin, vinculados a Deutsche Bank y BNP, respectivamente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los recortes de retribución a las centrales Andasol 1 y Andasol 2. A esas dos demandas hay que sumar otra del fondo británico Eiser.
Y todos los expertos creen que la batalla jurídica internacional no ha hecho más que empezar.
EL PAIS
