El Ministerio de Industria ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la tramitación de los miles de recursos que acumula contra las dos reformas eléctricas por recortar las primas a las renovables. La Abogacía del Estado pide que no se tramiten hasta que la Comisión Europea decida si estas primas se ajustan al derecho comunitario, un análisis que puede tardar años.
El Supremo tiene acumulados miles de recursos contra la reforma energética del Gobierno del PSOE que en 2010 recortó las primas a las renovables. El Gobierno justificó que la burbuja fotovoltaica había disparado las primas hasta 2.500 millones el año anterior, muy por encima de lo previsto. Así justificó el cambio en los pagos, y esgrimió que con la reforma pretendía ahorrar 4.616 millones de euros en tres años.
Los fondos de inversión extranjeros que invirtieron en renovables españolas antes de 2010, indignados ante los cambios en las primas —y en la rentabilidad del negocio—, han emprendido 15 arbitrajes internacionales contra el Estado. Los españoles no pueden acudir a esa vía, así que miles de pequeños inversores, principalmente de fotovoltaica, han pleiteado en el Supremo para mantener la retribución. El número de recursos, además, creció con el nuevo recorte del Gobierno del PP, aprobado en 2013.
El Tribunal Supremo eligió cinco casos de entre las demandas presentadas como ejemplo. La idea era usar peritajes sobre esos “testigos” concretos, y así tomar una decisión y sentar doctrina para el resto de casos.
Según la Abogacía del Estado, la investigación de Bruselas “obliga a suspender la tramitación procesal de este recurso contencioso-administrativo en el estado en que se encuentra actualmente” hasta que decida la Comisión Europea. El escrito, de tres folios y realizado “siguiendo instrucciones de la Abogacía General del Estado”, señala “la evidente relevancia que podría llegar a tener la decisión de la Comisión Europea” si falla que las primas a las renovables son “una ayuda de Estado prohibida”.Sin embargo, el pasado miércoles laAbogacía del Estado presentó ante la sala tercera del Tribunal Supremo un escrito que, de prosperar, afectará a miles de inversores. En el escrito señala que el 13 de febrero pasado Bruselas abrió una investigación a España sobre los decretos de 2007, 2008, 2010 y 2014 que regulan las primas a las renovables. Así que pide al alto tribunal que no decida sobre los pleitos.
¿Qué cambiaría si Bruselas decidiera que las primas a las renovables eran una subvención encubierta a la industria? Un fallo europeo contra España, paradójicamente, podría beneficiar al Gobierno. Porque podría obligar a los demandantes a devolver primas. De momento, Industria pide que se suspenda el informe pericial que ha encargado a un economista y un ingeniero industrial el Supremo sobre el daño económico a los cinco casos de muestra.
La suspensión de la tramitación, de aceptarla el Supremo, no sería breve. Las investigaciones de Competencia en la Unión Europea suelen durar años. La de Microsoft, por ejemplo, se cerró después de una década de investigación. Y la de Google lleva cinco años en marcha, aunque algunos casos más sencillos se resuelven en menos tiempo.
La investigación sobre el sistema español de fomento a las energías renovables es de calado. El año pasado los consumidores pagaron 6.500 millones en primas a la producción eléctrica con eólica, fotovoltaica, termosolar, biomasa, cogeneración y residuos. Estas fuentes produjeron el año pasado el 42,8% de la demanda eléctrica, según Red Eléctrica.
Otros países de la UE como, Reino Unido, Italia, Holanda, Portugal, Bélgica, Alemania, Eslovenia, República Checa también tienen un sistema de fomento mediante primas en el recibo.
Juan Castro-Gil, abogado de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (Anpier), defiende a 2.800 afectados. En su opinión, la petición de que se suspenda la investigación del Supremo “es una muestra del nerviosismo del Gobierno ante una situación que se les ha ido de las manos”. El letrado cree que “el hecho de que el Supremo haya dicho que hay que nombrar a dos peritos para ver qué daños ha generado
este proceso les ha puesto nerviosos”.
El Tribunal Supremo avaló en enero pasado varias órdenes ministeriales que desarrollaban el recorte de primas aplicado a la fotovoltaica en 2011, 2012 y 2013.
No consideró que la reducción de primas a instalaciones ya construidas vulnerase la seguridad jurídica. El Tribunal reconoció entonces que el recorte “produce la disminución de las previsiones de los beneficios inicialmente calculados”; pero consideró que “no se revela contrario a los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima”. El Supremo añadió: “La práctica eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la tarifa regulada, sin competir en precios con el resto de agentes en el mercado, es de suyo una ventaja sobre los operadores del sector eléctrico sujetos a las vicisitudes de la libre competencia”.
El sector eléctrico siempre ha considerado más probable que España perdiera en los arbitrajes internacionales, donde la presión de los fondos internacionales que invirtieron en renovables ha sido enorme, que en el Supremo. Sin embargo, la decisión de pedir a finales de 2014 un peritaje independiente para los cinco casos de muestra dio esperanzas a los demandantes.EL PAIS
