Un total de 65 de los 85 consejeros y directivos imputados por uso indebido de las denominadas tarjetas black, con las que gastaron 15,25 millones entre 2003 y 2012, no perjudicaron a Bankia, según sostiene la entidad en un escrito dirigido al juez Fernando Andreu, instructor de la causa. El banco solo reclama 250.000 euros gastados desde que se creó. La Fundación Caja Madrid sería la perjudicada por el uso fraudulento del resto del dinero, pero no está personada en el juicio.
Bankia ha aprovechado un trámite procesal, el de las alegaciones al recurso de apelación presentado por uno de los imputados, para fijar su posición y dar un vuelco radical al caso, según fuentes jurídicas. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri aclara al juez Andreu su posición en este proceso, donde participa como perjudicado directo, para realizar una matización relevante. “Es prematuro en este momento procesal determinar quién debe entenderse como perjudicado y con legitimación para reclamar válidamente el eventual perjuicio causado”, señala Bankia. En su “afán de precisar”, esta entidad “entiende oportuno emplear el primer trámite posible que se le presenta” para que su silencio “no pueda considerarse conformidad con la afirmación del juzgado”. En distintas resoluciones judiciales, el instructor ha afirmado que si bien “no cabe considerar a Caja Madrid como perjudicado, sí lo es Bankia”.
Esta entidad aclara en su escrito al juez que solo es perjudicada por las tarjetas black que usaron consejeros y directivos que pertenecieron a Bankia “desde que tuvieron lugar las distintas operaciones de segregación [de las cajas de ahorro]”. “Pero con relación al periodo anterior [a enero de 2011]”, aclara Bankia, “los cargos que pudieran haberse realizado en cuentas de Caja Madrid con anterioridad a la segregación únicamente afectarían a Caja Madrid y no a BFA ni a Bankia que no existían como tales”.
Todo lo ocurrido antes de enero de 2011 con las tarjetas black, que afecta al 80% de los imputados y al 98% del dinero comprometido (15,25 de los 15,5 millones gastados entre 2003 y 2013), no tiene perjudicado conocido en la causa. Bankia no se considera como tal y Caja Madrid no está personada.
Matización relevante
Fuentes de Bankia consultadas por EL PAÍS aclaran que era relevante hacer esta matización ante el juez, al margen de los posibles beneficios que pudiera tener para Miguel Blesa y sus ejecutivos, para mantener una coherencia con el planteamiento inicial. De los 15,5 millones defraudados, la entidad presidida por Goirigolzarri solo reclamó 200.000 euros a los cuatro directivos con tarjeta black de Bankia: Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Matías Amat e Ildefonso Sánchez Barcoj. También pidió 50.000 euros a la Fundación Caja Madrid porque fueron gastados por consejeros de Caja Madrid con cargo a Bankia. Hasta hoy, la Fundación no ha pagado este dinero. Los 15,25 millones restantes corresponde reclamarlos a la Fundación Caja Madrid porque es la heredera de Caja Madrid, que fue la perjudicada por el posible uso indebido del dinero, y sigue viva como sociedad, sostienen en esta entidad. Si este planteamiento se traslada a las preferentes, Bankia entiende que es la que debe pagar las consecuencias de su mala comercialización porque heredó todos los activos financieros de Caja Madrid, pero no sería responsable de crear el producto, si se llevara a los tribunales, ya que lo hicieron ejecutivos de la caja madrileña.
Abogados de algunos de los imputados sostienen que las explicaciones de Bankia sobre la causa permitirían exculpar a sus clientes del delito de administración desleal, dado que no habría perjudicado conocido. EL PAIS
