(Prensa Prove) Diputados de la Unidad Democrática salvaron el voto a la propuesta de renovación de cargo y designación de las autoridades del Poder Ciudadano -Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. Así lo señaló la diputada Deyalitza Aray, quien consignó ante la secretaría de la Asamblea Nacional el voto salvado que hace constar dicha decisión de los representantes de la bancada opositora.
La diputada expresó, que Venezuela vive una crisis institucional materializada, debida a que no existe el principio constitucional de autonomía de los Poderes Públicos consagrados en la Carta Magna.
“Quienes tutelaron y estarán al frente de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República no han estado a la altura para asumir su responsabilidad de manera imparcial, transparente e independiente como demandan y tienen derecho nuestros ciudadanos”, aseveró.
La parlamentaria resaltó que la autonomía e independencia del poder ciudadano no se decreta, se ejerce. Recordó que actualmente existe un gran descuido en la defensa de los derechos del pueblo y señaló que la base del funcionamiento del Estado democrático está consagrada en la Constitución.
Deyalitza Aray manifestó que “la crisis política e institucional que actualmente vive el país, tiene su epicentro en la falta de autonomía, por lo cual no podemos avalar con nuestro voto a un Poder Ciudadano que se mantendrá en crisis como el resto de los poderes públicos”.
Con respecto a la posible reelección de las autoridades del Poder Electoral la parlamentaria explicó que, según lo que establece la Constitución, las autoridades del CNE deben ser independientes, despartidizadas e imparciales, pues su principal función es garantizar la transparencia del sistema democrático para ofrecer al país confianza en los resultados electorales. Sin embargo, aseguró que actualmente son múltiples las acusaciones que hay en contra del CNE por su falta de autonomía y por el ejercicio parcializado de su autoridad, lo que ha afectado seriamente los procesos electorales en Venezuela.
Finalmente destacó que, “además de los elementos jurídicos, razones éticas y morales nos impiden acompañar la decisión de renovar los cargos de algunos funcionarios cuya actuación y acciones han sido cuestionadas nacional e internacionalmente. Nuestro compromiso seguirá siendo con los venezolanos. La transformación institucional de Venezuela es un objetivo al cual no vamos a declinar”.
