A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad dos funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y dos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por presuntamente negociar la permanencia ilegal de extranjeros en Venezuela.
Tal irregularidad fue descubierta tras un hecho ocurrido el 9 de febrero del 2011, en El Yaque, estado Nueva Esparta, cuando los funcionarios del Saime, Augusto José Sotillet Cortesía (32) y José Rosendo Rojas (45), exigieron al turista eslovaco (38) y su cónyuge (30) la cancelación de BsF 400 a cambio de sellarles sus pasaportes para garantizar su permanencia en el país un lapso mayor al estipulado por la ley.
En este sentido, durante la audiencia de presentación, realizada el pasado martes ante el Tribunal 4° de Control de Nueva Esparta, la fiscal 8° nacional, Mery Gómez, imputó a Rojas por la presunta comisión de los delitos de concusión, lucro genérico y asociación para delinquir; mientras que Sotillet fue imputado por los dos primeros delitos.
En ese sentido, el Tribunal 4° de Control de Nueva Esparta, con base en los elementos de convicción expuestos por la fiscal, dictó la medida privativa de libertad para los imputados y ordenó que Rojas fuese recluido en el Internado Judicial de la Región Insular, en San Antonio, mientras que Sotillet permanecerá en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en ese estado, hasta la presentación del acto conclusivo en el lapso correspondiente.
De acuerdo con la investigación, uno de los funcionarios del Saime le habría manifestado al eslovaco que para sellarle los pasaportes previamente tenía que revisar una lista en la que aparecían personas extranjeras solicitadas por Interpol. La inspección habría demostrado que la mujer aparecía requerida por evasión de impuestos en su país.
Seguidamente, los funcionarios procedieron a cobrar los BsF 400 a los eslovacos para garantizar la permanencia de estos en el país. No obstante, mientras, se corroboraba la información, Rojas selló el pasaporte con un “anulado”.
Posteriormente, el jefe de Interpol del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Nueva Esparta, Gustavo Gil, y el agente de ese organismo policial, Freddy Moya, ambos del Cicpc, les habrían indicado a los funcionarios del Saime que le informaran al eslovaco que para resolver la situación de su esposa tendría que entregarles BsF. 300.000, suma que luego fue reducida a 6 mil dólares americanos.
Ante la situación, la víctima acudió al Saime para notificar la situación, organismo que, a su vez, presentó la denuncia ante el Ministerio Público
Una vez adelantada la investigación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, por vía excepcional, contra, quienes presuntamente actuaban en coordinación con los otros dos hombres para pedir dinero a cambio de obviar solicitudes en ese organismo internacional.
En consecuencia, tras materializarse la orden de aprehensión, Gil y Moya fueron presentados el pasado jueves ante el Tribunal 2° de Control de Nueva Esparta, donde la fiscal 8° nacional, les imputó por la presunta comisión, en grado de determinadores, de los delitos concusión y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción y Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente.
El Tribunal 2° de Control les dictó medida privativa de libertad y ordenó su reclusión en el Instituto Neoespartano de Policía (Inepol), mientras el proceso sigue el curso correspondiente.
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