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lunes, 4 de junio de 2012

Fedecámaras expresa su solidaridad con comerciantes y comunidad de Catia


Fedecámaras se solidariza con la comunidad y con el grupo de pequeños y medianos comerciantes y empresarios de los 15 comercios de Catia que hoy viven con angustia y total incertidumbre la orden de desalojar inmediatamente sus sitios de trabajo para ser demolidos por decisión de Fundacaracas y la Alcaldía Libertador, sin recibir aún ningún tipo de indemnización.

Las acciones que quieren ejecutar en los galpones ubicados en Catia, forman parte del plan para el reordenamiento urbano que lleva adelante el gobierno y donde piensan construir viviendas. Jorge Botti, presidente de FEDECAMARAS, afirma que “todos conocemos el problema habitacional que vivimos actualmente en nuestro país, pero no se pueden destruir empleos productivos y generar otro problema para solucionar uno que ha sido la consecuencia de años de malas políticas sociales y económicas”.

Botti exhorta a que las expropiaciones se realicen conforme lo establece el artículo 115 de la Constitución, donde “Se garantiza el derecho de propiedad…Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes” y de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, promulgada en enero del 2011, que establece la posibilidad de que el municipio adquiera espacios para desarrollar viviendas por medio de una "negociación amigable".

Por tal razón, el conglomerado empresarial rechaza cualquier intervención unilateral e inconsulta por parte de las autoridades locales. “Esperamos que los funcionarios de la alcaldía culminen el proceso en la mesa de negociación que ya habían establecido con los afectados de la zona”, afirmó el dirigente gremial.

El presidente de FEDECAMARAS, Jorge Botti, recuerda que con esta decisión acaban con años de trabajo y sacrificio de pequeños comerciantes y empresarios de la zona. Asimismo, 150 trabajadores pudieran perder sus empleos con esta medida. “Debemos encontrar un proceso justo para que ninguna de las partes se vea afectada”, dijo Botti.