El Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelanda falló hoy a favor de Estados
Unidos y denegó al informático alemán Kim Dotcom el derecho a conocer
las pruebas por las que la justicia estadounidense le acusa de piratería
y blanqueo de dinero.
El dictamen va en contra de dos sentencias anteriores, una emitida por un juzgado de distrito de Auckland en mayo de 2012 y otra proclamada posteriormente por la Corte Superior de esa ciudad del norte de Nueva Zelanda.
El fallo, contenido en 49 páginas, explica que corresponde a Estados Unidos decidir qué pruebas presenta para apoyar su petición de extradición, según la versión del diario local "The New Zealand Herald".
El letrado Greg Towers, que defiende los intereses del fundador de Meagaupload, se mostró defraudado por la decisión judicial y añadió a los periodistas que estudiarán si recurren al Supremo.
"¿Me siento desilusionado por el fallo de hoy? SI. ¿La 'buena fe" y el 'Gobierno de Estados Unidos' van de la mano? NO. ¿Dormiré esta noche como un niño inocente? SI", escribió Dotcom en su cuenta Twitter tras conocer el resultado.
Estados Unidos quiere juzgar a Dotcom y otros ejecutivos del difunto portal de descargas Megaupload de distintos delitos de piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.
La investigación del FBI atribuye a Megaupload haber causado más de 500 millones de dólares en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares.
En base a estos datos, el FBI lanzó en enero de 2012 una operación internacional que llevó al cierre de Megaupload en su territorio y a la detención de Dotcom en su mansión neozelandesa el día 20 y otras cinco personas en Nueva Zelanda y Europa.
Desde entonces, el informático alemán lucha en los tribunales neozelandeses contra su extradición a Estados Unidos, juicio que debería arrancar el 12 de agosto de 2013, mientras ha vuelto a desafiar a la industria de Hollywood con un nuevo portal, Mega.
El pasado 6 de diciembre, el Tribunal Superior de Nueva Zelanda autorizó a Dotcom a demandar a un servicio de inteligencia del país por haberlo espiado ilegalmente las semanas previas a su arresto.
El dictamen va en contra de dos sentencias anteriores, una emitida por un juzgado de distrito de Auckland en mayo de 2012 y otra proclamada posteriormente por la Corte Superior de esa ciudad del norte de Nueva Zelanda.
El fallo, contenido en 49 páginas, explica que corresponde a Estados Unidos decidir qué pruebas presenta para apoyar su petición de extradición, según la versión del diario local "The New Zealand Herald".
El letrado Greg Towers, que defiende los intereses del fundador de Meagaupload, se mostró defraudado por la decisión judicial y añadió a los periodistas que estudiarán si recurren al Supremo.
"¿Me siento desilusionado por el fallo de hoy? SI. ¿La 'buena fe" y el 'Gobierno de Estados Unidos' van de la mano? NO. ¿Dormiré esta noche como un niño inocente? SI", escribió Dotcom en su cuenta Twitter tras conocer el resultado.
Estados Unidos quiere juzgar a Dotcom y otros ejecutivos del difunto portal de descargas Megaupload de distintos delitos de piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.
La investigación del FBI atribuye a Megaupload haber causado más de 500 millones de dólares en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares.
En base a estos datos, el FBI lanzó en enero de 2012 una operación internacional que llevó al cierre de Megaupload en su territorio y a la detención de Dotcom en su mansión neozelandesa el día 20 y otras cinco personas en Nueva Zelanda y Europa.
Desde entonces, el informático alemán lucha en los tribunales neozelandeses contra su extradición a Estados Unidos, juicio que debería arrancar el 12 de agosto de 2013, mientras ha vuelto a desafiar a la industria de Hollywood con un nuevo portal, Mega.
El pasado 6 de diciembre, el Tribunal Superior de Nueva Zelanda autorizó a Dotcom a demandar a un servicio de inteligencia del país por haberlo espiado ilegalmente las semanas previas a su arresto.
