El Gobierno autónomo de la región de Andalucía procederá hoy al "cierre provisional" del "Asador de Guadalmina", cuyo propietario se niega a cumplir la ley antitabaco, que entró en vigor el pasado 2 de enero y prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos cerrados de España.
Así lo anunció hoy la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, que explicó que hoy se personará un inspector en el local, radicado en la localidad andaluza de Marbella (sur), y entregará a su dueño "una resolución provisional de cierre del local, que haga efectiva el cumplimiento de la legislación vigente".
En una rueda de prensa, Montero dijo que, si el propietario del asador rebelde no acata la resolución, procederán al "precinto provisional" de las instalaciones "auxiliados por las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Sin embargo, la consejera matizó que, si el dueño depone su actitud y accede a cumplir la ley, no se ejecutará el cierre cautelar.
De no ser así, según Montero, el asador permanecerá cerrado por incumplir la ley, hasta que abone la multa de 145.000 euros (197.200 dólares) que se le impuso y mientras culmina el expediente de cierre que tiene abierto, para lo que hay un periodo máximo de dos meses en el que el propietario podrá presentar alegaciones.
Si una vez concluido este periodo, el restaurante sigue sin cumplir la ley e insiste en su actitud, la Consejería de Salud presentará una denuncia contra el dueño en los tribunales y pedirá que se mantenga el cierre cautelar, sobre el que ya decidirá el juez.
"La ley puede ser opinable, pero no la legalidad ni la ejecución de una norma que obliga a todos los ciudadanos", recalcó la consejera.
Por su parte, el dueño del local, José Eugenio Arias, manifestó hoy a Efe que la decisión del Gobierno andaluz "es prevaricación".
"No pasa nada. Yo sigo con lo mío, sigo igual", afirmó Arias, que ha creado la asociación Reforma (de la Ley Antitabaco) o Ruina (de la Hostelería), con la que recorre España para recoger firmas contra esta normativa.
Tras la entrada en vigor de la ley, el propietario del asador colocó carteles que calificaban la norma como "cortina de humo creada por nuestro Gobierno para tapar siete años de destrucción masiva de España", y pedía disculpas a los perjudicados por la decisión.
El restaurante recibió entonces llamadas de apoyo "de media España", inició una recogida de firmas contra la ley y el propietario llegó a hacer un llamamiento al resto de los hosteleros españoles para aunar fuerzas.
Un mes después de la entrada en vigor de la ley, un 98,4 por ciento de los establecimientos hosteleros estaría cumpliéndola, aunque el restante 1,6 por ciento (unos 5.000 locales) seguiría permitiendo fumar a sus clientes de forma esporádica o habitual, según un estudio difundido esta semana por la consultora GfK.
Así lo anunció hoy la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, que explicó que hoy se personará un inspector en el local, radicado en la localidad andaluza de Marbella (sur), y entregará a su dueño "una resolución provisional de cierre del local, que haga efectiva el cumplimiento de la legislación vigente".
En una rueda de prensa, Montero dijo que, si el propietario del asador rebelde no acata la resolución, procederán al "precinto provisional" de las instalaciones "auxiliados por las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Sin embargo, la consejera matizó que, si el dueño depone su actitud y accede a cumplir la ley, no se ejecutará el cierre cautelar.
De no ser así, según Montero, el asador permanecerá cerrado por incumplir la ley, hasta que abone la multa de 145.000 euros (197.200 dólares) que se le impuso y mientras culmina el expediente de cierre que tiene abierto, para lo que hay un periodo máximo de dos meses en el que el propietario podrá presentar alegaciones.
Si una vez concluido este periodo, el restaurante sigue sin cumplir la ley e insiste en su actitud, la Consejería de Salud presentará una denuncia contra el dueño en los tribunales y pedirá que se mantenga el cierre cautelar, sobre el que ya decidirá el juez.
"La ley puede ser opinable, pero no la legalidad ni la ejecución de una norma que obliga a todos los ciudadanos", recalcó la consejera.
Por su parte, el dueño del local, José Eugenio Arias, manifestó hoy a Efe que la decisión del Gobierno andaluz "es prevaricación".
"No pasa nada. Yo sigo con lo mío, sigo igual", afirmó Arias, que ha creado la asociación Reforma (de la Ley Antitabaco) o Ruina (de la Hostelería), con la que recorre España para recoger firmas contra esta normativa.
Tras la entrada en vigor de la ley, el propietario del asador colocó carteles que calificaban la norma como "cortina de humo creada por nuestro Gobierno para tapar siete años de destrucción masiva de España", y pedía disculpas a los perjudicados por la decisión.
El restaurante recibió entonces llamadas de apoyo "de media España", inició una recogida de firmas contra la ley y el propietario llegó a hacer un llamamiento al resto de los hosteleros españoles para aunar fuerzas.
Un mes después de la entrada en vigor de la ley, un 98,4 por ciento de los establecimientos hosteleros estaría cumpliéndola, aunque el restante 1,6 por ciento (unos 5.000 locales) seguiría permitiendo fumar a sus clientes de forma esporádica o habitual, según un estudio difundido esta semana por la consultora GfK.
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