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miércoles, 1 de diciembre de 2010

Gobierno de Ecuador pedirá reforma a Carta Magna en plan contra delincuencia

El gobierno de Ecuador anunció el miércoles que propondrá al Congreso una reforma constitucional para impedir que presos sin sentencia durante un año queden en libertad, en el marco de un plan para combatir la delincuencia.
"Vamos a plantear reformas constitucionales al respecto" de la ley sobre la detención preventiva, señaló el presidente Rafael Correa, en declaraciones difundidas este miércoles por el portal oficial El Ciudadano.
El mandatario criticó un artículo de la Constitución vigente desde 2008, que establece un plazo de entre seis meses y un año para que un juez dicte sentencia sobre un caso o, de lo contrario, el detenido queda automáticamente en libertad.
Correa señaló que la reforma servirá para disminuir el alto índice de impunidad especialmente en la ciudad de Guayaquil (suroeste), que registra el mayor índice de homicidios con 461 casos denunciados hasta septiembre (23% del total nacional).
"No es lo mismo tener un año para investigar un asesinato de una persona, con un sospechoso, que para investigar un caso de narcotráfico donde hay 50 involucrados, para ello se necesita más tiempo", observó.
El ministro de Justicia, José Serrano, indicó que el problema de la impunidad debe ser combatido con la "depuración del sistema judicial". En tal sentido, mencionó la caducidad de unos 4.300 casos desde 2007, de los cuales 3.900 en Guayaquil.
"Cuando hablamos de cambios en la Constitución (...) tenemos que establecer que el tema de la inseguridad está dado por la impunidad" y ésta se da por la "actuación en muchos casos no solo poco transparente, sino incluso oculta y en algunos casos corrupta por parte de algunos jueces", estimó.
Añadió que en los últimos tres años se registraron 3.700 presos en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, donde están algunos de los reclusos más peligrosos del país, de los cuales solamente 570 han recibido sentencia.
Ante el incremento de crímenes, hace una semana el gobierno dispuso que los militares participen junto a la policía en operativos contra la delincuencia, con énfasis en Guayaquil.

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