Todos los dólares aprobados por la extinta Cadivi entre el 1 de mayo de 2013 y el 1 de abril de 2014 serán verificados
y se constatará, a través de una investigación exhaustiva por parte de
las autoridades del Gobierno, que quienes las solicitaron hayan hecho un
“uso correcto” de las mismas.
Esas acciones deberán coincidir con los datos suministrados al
momento de solicitar los dólares, de no ser así, las personas o empresas
serán sancionadas con penas dinerarias y carcelarias.
La pena carcelaria va de tres a siete años de prisión y la dineraria equivale a una multa por el doble del monto de la operación cambiaria, el cual deberá ser cancelado en bolívares.
También, los sancionados deberán vender o reintegrar las divisas al Banco Central de Venezuela (BCV).
Todo esto según lo establecido en el artículo 13 de la Ley del Régimen
Cambiario y sus Ilícitos, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria
número 6.126 de fecha 19 de febrero de 2014.
Esta es la medida que desde principios de mayo de este año realiza el
Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), inicialmente con las
personas naturales y ahora con las personas jurídicas, como una de las
principales acciones que desarrolla en favor de “estabilizar la economía en el país”, tras asumir las funciones de Cadivi.
La eliminación de Cadivi y absorción de funciones por parte del
Cencoex fue anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro,
durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea
Nacional el 15 de enero de 2014.
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