(Caracas, 07 de marzo. EFE) - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró a una delegación la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) que se encuentra en Caracas, que a los opositores Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, juzgados en prisión por varios delitos, se les han garantizado sus derechos.
“A todos se les ha garantizado el debido proceso y sus derechos fundamentales“, aseguró la fiscal al ser consultada por los miembros de la delegación internacional sobre los casos de los tres políticos detenidos durante el último año, señaló un comunicado del Ministerio Público (MP).
Sobre López, en prisión desde hace más de un año y acusado de promover la violencia durante una marcha antigubernamental, Ortega añadió que de 20 audiencias de juicio que se han convocado, el político ha faltado a ocho.
La comisión de Unasur en Caracas, encabezada por su secretario Ernesto Samper, está integrada por los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, quienes se encuentran en la capital venezolana en conversaciones con el Ejecutivo y la oposición para promover el acercamiento de los actores sociales y políticos de Venezuela.
Luego de reunirse hoy con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la delegación acordó sostener varias encuentros durante la jornada con varios representantes de las instituciones del Estado y de la oposición venezolana.
Durante el encuentro con la representante del MP, la fiscal ofreció un balance sobre los hechos violentos registrados durante las protestas antigubernamentales entre el 12 de febrero y el 30 de junio de 2014 y que se saldaron, según cifras oficiales, con 43 personas fallecidas y 878 lesionadas.
Ortega precisó que por estos hechos “solo quedan 41 personas privadas de libertad, de las cuales 14 son funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y dos estudiantes”, recoge el texto del MP.
Asimismo aseguró que en todos los casos hay garantía del debido proceso y que la actuación de los fiscales encargados de las investigaciones ha ido enmarcado en la Constitución venezolana, las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
