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domingo, 7 de noviembre de 2010

JVR: Acusaciones de Walid Makled buscan sabotear relación colombo-venezolana

El periodista José Vicente Rangel expresó que "acusaciones no comprobadas del narcotraficante Walid Makled contra altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la seguridad del Estado, pudieran responder a intereses de sectores políticos del vecino país que buscan afectar el proceso de recomposición de las relaciones de ambas naciones y el clima de cordialidad que impera entre los presidentes Santos y Chávez".
Así lo señaló en la sección Confidenciales, de su programa José Vicente Hoy, de este domingo, donde también informó sobre la filial de una empresa de seguros, que en la actualidad es investigada a puertas cerradas, y que tiene 11 millones de dólares colocados en instituciones financieras en Panamá.
Rangel se refirió a fallido golpe de Estado en Ecuador, el pasado mes de septiembre. El presidente Rafael Correa, en declaraciones al diario La Jornada, de México, afirmó que tanto efectivos militares como partidos de oposición y el ex presidente Lucio Gutiérrez, apoyaron el alzamiento.
Correa señaló en esta entrevista que en lo sucedido jugaron un papel importante las fallas de los organismos de inteligencia de Estado ecuatoriano que no previeron oportunamente los acontecimientos.
Por otra parte, el periodista recordó la situación que vive el Metro de Caracas y sugirió al Gobierno Nacional declarar en emergencia la institución hasta no sean resueltas las problemáticas.
Sobre la oposición, comentó Rangel que como estrategia retomará el problema eléctrico, ya que en los análisis de los resultados electorales del 26 de septiembre, este dato aparece como determinante en el aumento del voto de esta opción política.
Se refirió el periodista también a la manera poco adecuada que tienen las autoridades judiciales españolas para reclamar a otras naciones situaciones que tienen que ver con la administración de justicia y los derechos humanos, "cuando ellos no dan respuesta a solicitudes como la hecha por la juez argentina María de Cubrias, al gobierno de España, para que aclare si se está investigando el genocidio ocurrido desde 1936 a 1977, durante la dictadura del ex presidente Francisco Franco".

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