EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) es la instancia que más garantías ofrece al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para mantener sus derechos políticos, seguir en el cargo y hasta ser candidato presidencial en 2018, afirmó en una entrevista con Efe su abogado Carlos Rodríguez Mejía.
Este especialista en derecho internacional e integrante del equipo que ha pedido medidas cautelares a la CIDH en favor de Petro, además de su intermediación para que quede sin efecto la destitución e inhabilitación del alcalde, anunció que la decisión puede conocerse “en los próximos días”.
El abogado reconoció la complejidad del proceso en el que está envuelto Petro después de que el procurador general, Alejandro Ordóñez, le inhabilitara durante 15 años por una supuesta mala gestión en una crisis de basuras desatada en la capital en 2012.
Dicha decisión fue ratificada el lunes por el propio procurador, al que Petro ha respondido con una estrategia jurídica tanto dentro como fuera de Colombia, que ha sido respaldada en las calles por miles de ciudadanos desde el 9 de diciembre, cuando se conoció el fallo.
Estos abogados presentaron a la CIDH “una petición de fondo para que, después de examinar los argumentos jurídicos, decida si las facultades que tiene el procurador de destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos contraviene la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dice que solo pueden ser limitados los derechos políticos por un juez penal”, dijo el letrado.
También “medidas cautelares en favor del alcalde Petro” para “evitar, en una situación grave y urgente, un daño irreparable”, ya que “si es impedido de culminar su periodo de gobierno se verá irremediablemente condenado a no disfrutar de ese derecho político”, aseveró Rodríguez Mejía.
Los letrados representan asimismo a los ciudadanos que votaron por Petro, porque, según dijo Rodríguez Mejía, “se vulneraron los derechos de los electores“.
Entre los argumentos que defienden está que “la facultad del procurador es claramente contraria a la Convención Americana, porque es una autoridad administrativa, no un juez penal”.
“Si ya el tribunal más importante, que es la Corte Constitucional, ha dicho eso, para nosotros está cerrado el ámbito interno”, apuntó.Preguntado si se han agotado todas las instancias nacionales antes de acudir a la Cidh, Rodríguez Mejía dejó claro que en Colombia Petro tiene en su contra una sentencia de 2006 de la Corte Constitucional que dio el visto bueno a la potestad del procurador de destituir e inhabilitar a cargos electos.
Y sobre la tutela (recurso de amparo) interpuesta por un ciudadano que apoya a Petro, a la que un juez respondió el martes con la suspensión provisional de la destitución, el abogado dijo que esa acción “es ilusoria y no efectiva“, porque el alcalde está siendo sometido a una “campaña de acoso y derribo”.
Y no solo Petro, sino cualquier magistrado que pretenda defender sus derechos, insistió, al citar el caso del magistrado que ayer suspendió la decisión del procurador y posteriormente le denunciaron porque su esposa trabaja para una empresa contratista de la Alcaldía.
Por todo esto remarcó que las acciones ante la Cidh son las que pueden salvar a Petro.
“La estrategia internacional tiene más posibilidades de hacer respetar los derechos de Gustavo Petro y de los electores porque hemos observado que los agentes locales pueden ser sometidos a una presión mediática e institucional para amenazarlos, amedrentarlos e impedir que puedan cumplir libremente su función”, aseveró.
Y dijo que “con los antecedentes del Sistema Interamericano, el caso debe ser fallado favorablemente, el alcalde debe ser restituido en sus derechos, de manera que aspiramos a que pueda ser, si él lo decide, candidato presidencial en 2018, aspirar a un cargo de elección popular, seguir con su carrera política”.
En cuanto a mantenerse “dependerá de si se conceden las medidas cautelares”, las que pueden evitar “daños irreparables” tanto para la vida política de Petro como para la gobernabilidad de la capital.
También aclaró que si la Cidh responde positivamente será el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el que debe ejecutar ya que se trata de una decisión vinculante, es decir, de obligado cumplimiento.
“El presidente ha dicho que va a cumplir la decisión de la Comisión, yo creo en la palabra del presidente”, asintió Rodríguez Mejía.
Las medidas cautelares “deben llegar lo antes posible, según pasa el tiempo es más difícil que tengan un efecto de impedir un daño irreparable”, afirmó el abogado para concluir que la Cidh tiene de plazo hasta el 4 de abril para pronunciarse, aunque confió en que sea “en los próximos días“.
