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martes, 10 de febrero de 2015

EEUU expresa decepción por condena a líder opositor de Malasia

El Gobierno de EE.UU. se declaró este martes "profundamente decepcionado" con la condena del líder de la oposición en Malasia, Anwar Ibrahim, a cinco años de cárcel por sodomía y enfatizó que este caso plantea "graves preocupaciones sobre el estado de derecho y la justicia" en ese país.

Esas preocupaciones "se ven agravadas por la intención del Gobierno de ampliar su ley de sedición" para "enjuiciar a los críticos", sostuvo en un comunicado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, Bernadette Meehan.

Según la portavoz, Estados Unidos y Malasia han construido "una fuerte asociación integral" y Washington continúa comprometido a "ampliar" esa cooperación.

"En este contexto, instamos al Gobierno de Malasia a aplicar la ley de manera justa, transparente y apolítica con el fin de promover la confianza en la democracia", pidió Meehan.

El Tribunal Federal, la máxima instancia judicial malasia, ratificó este martes la sentencia impuesta el año pasado por el Tribunal de Apelaciones contra Anwar, acusado en junio de 2008 de haber mantenido relaciones sexuales con su ayudante Saiful Bukhari Azlan, quien lo denunció a la Policía por el delito de sodomía.

Anwar, de 67 años, insistió en negar los cargos y acusó a los jueces de seguir órdenes de sus "jefes políticos" y de ser cómplices de un crimen.

Tras el juicio, el líder opositor, a quien le fue retirada el acta de diputado, fue trasladado a la prisión de Sungai Boloh, mientras varios de sus seguidores concentrados en los alrededores del Palacio de Justicia forcejearon con la Policía.

El fallo fue recibido con críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que lo calificó de "deplorable" y acusó a las autoridades malasias de intentar silenciar a los críticos.

Por su parte, el Gobierno malasio emitió un comunicado en el que negó su implicación en el caso y defendió la independencia de la Justicia del país, así como el derecho del denunciante a llevar su caso a los tribunales.
EFE