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miércoles, 12 de diciembre de 2012

Ministerio Público imputó a otro médico por muerte de magistrada del TSJ

El Ministerio Público imputó al médico intensivista Ruda Mohaweche, quien labora en la Clínica Leopoldo Aguerrevere, por presuntamente estar relacionado con la muerte de la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ninoska Queipo Briceño (44), quien falleció el pasado 11 de octubre, en Caracas, tras complicaciones como consecuencia de una cirugía.

Los fiscales 10º nacional y 38º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Richard Monasterio y Alejandro Corser, respectivamente, imputaron a Mohaweche por la presunta comisión del delito de homicidio culposo.

Cabe destacar que por este caso se encuentran imputados los médicos Lidisay Galeno y su ayudante Carlos Lugo Marval; así como al anestesiólogo, José David Crespo González, estos tres adscritos al Centro Médico Platinum, por la presunta comisión de los delitos de lesiones intencionales gravísimas, a título de dolo eventual.

Adicionalmente, el cirujano Juan Ernesto Hernández Rasquín, quien labora en la Clínica Leopoldo Aguerrevere, fue imputado por presuntamente incurrir en el delito de homicidio culposo.

Es importante mencionar que Galeno tiene una medida cautelar de arresto domiciliario acordada por el Tribunal 32º de Control del AMC.

De acuerdo con la investigación, la magistrada Queipo se realizó una operación estética el pasado 03 de septiembre en las instalaciones del Centro Médico Platinum (Unidad Quirúrgica 57 C.A.), ubicado en la avenida Río de Janeiro, municipio Baruta del estado Miranda.

Al día siguiente, luego de una complicación médica, Queipo Briceño fue trasladada a otra clínica donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Es importante destacar que luego de una denuncia presentada por familiares de la magistrada del TSJ, el Ministerio Público solicitó el 05 de octubre una orden de aprehensión contra Galeno ante el mencionado Tribunal de Control.

Igualmente, en esa misma oportunidad, los fiscales del caso requirieron ante la instancia judicial medidas de clausura asegurativa del sitio donde se realizó la cirugía y la incautación de documentos e historias médicas de Queipo, con la finalidad de determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho.