Lo Último

.

.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Prevén fortalecimiento institucional inmobiliario en 2013


La Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha procurado ser un actor permanentemente activo en el debate político que afectó la promoción de viviendas y urbanismos durante el año 2012, manteniéndose firme en defensa de los intereses sobre la propiedad del pueblo venezolano, siendo uno de los más importantes ver solucionado el déficit habitacional, que las cifras oficiales ponen por encima de 2 millones 700 mil unidades de viviendas.

Nuestros voceros nacionales y regionales han estado vigilantes de las realidades del sector, buscando participación en las comisiones de trabajo que determinaron nuevas normativas legales que han causado gran impacto, y denunciando las fallas existentes en esas leyes a través de los medios de comunicación.

Los hitos legales que impactaron al sector inmobiliario durante 2012
El año 2012 estuvo marcado por la agudización de la crisis habitacional. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), solo en el mes de noviembre se produjeron 197 protestas en todo el país por reclamos de viviendas dignas, y esa organización acotó que esas manifestaciones representaron el 38% del total, siendo el tema de vivienda la segunda causa de protestas en Venezuela. De acuerdo con OVCS, la reelección del presidente Chávez no generó una disminución en los reclamos.

Esa alta cifra de protestas por viviendas que registró la OVCS en noviembre, fue una realidad que se vivió durante todo el año, y ante ello el Gobierno intervino por medio de la Misión Vivienda y de leyes para regular el área inmobiliaria.

La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria entró en vigencia el 30 de abril de 2012 mediante publicación en Gaceta Oficial Nº 39.912. Sobre la misma, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, aclaró que serviría para poner “orden en el tema del desarrollo inmobiliario privado”.

La reacción del gremio no se hizo esperar, siendo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela la primera organización que resaltó que la “Ley Contra Estafa Inmobiliaria aleja aún más solución a la crisis de viviendas del país”. El presidente de la Cámara, Aquiles Martini Pietri, destacó que lo punitivo de la ley se ve cuando, ante un escenario complicado para el desarrollo urbanístico, se castiga a los promotores imponiéndoles multas de 2 unidades tributarias por cada día de retraso en la entrega de la obra, así como la obligación de pagar el alquiler mensual durante la tardanza en la entrega de su cliente.

Esta ley creó la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual maneja un registro nacional de sujetos vinculados al sector inmobiliario, como constructoras, contratistas, productoras, y promotoras de viviendas, a los cuales puede requerirles cualquier información. A estos sujetos y empresas la Dirección los investigará y, si así lo determinase, estaría en capacidad de sancionarlos. El problema es que todos los trámites para el inicio y avance de una obra deben ser aprobados por esta Dirección, la cual es completamente centralizada, causando importantes retrasos. Asimismo, la Dirección puede intervenir una construcción si la misma se paralizase, pero la Cámara advirtió que esa potestad estaba enmarcada en una gran discrecionalidad, porque muchas empresas y desarrolladores se han visto afectados por la escasez de materia prima.

“¿Quién va a promover y a construir viviendas en Venezuela?”, se preguntó el presidente de la Cámara, Aquiles Martini Pietri, cuando esta ley entró en vigencia. Por otra parte, durante todo el año 2012 se sintió el efecto de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, la cual significó la paralización de los alquileres en todo el territorio nacional porque el Gobierno, después de un año de la entrada en vigencia de la ley, no había publicado el valor de reposición necesario para el cálculo del canon de arrendamiento.

Cuando finalmente ese valor fue anunciado en noviembre de este año la fórmula para la determinación del canon de alquiler no consideraba cosas fundamentales como el valor del terreno, o la localización geográfica, por lo que las viviendas en alquiler perdieron, por lo establecido en la ley, gran parte de su valor.

El resultado, siempre advertido y avisado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela en repetidas oportunidades, es que los alquileres en Venezuela tendieron a desaparecer: en efecto, un estudio determinó que los alquileres, solo en el área metropolitana de Caracas, cayeron 72% entre 2010 y 2012, producto de que se realizó la discusión y aprobación de la Ley de Arrendamientos sin incluir a todos los sectores. También en esta normativa se repitió la intención del Gobierno nacional de centralizar los trámites en un solo organismo que hasta ahora solo funciona en Caracas y en algunas capitales del país, dejando de lado las necesidades de los propietarios e inquilinos en la mayoría de las regiones.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en función de promover los derechos de los ciudadanos del acceso a la vivienda, criticó estas leyes inequitativas, cuyo fundamento es político más que técnico, porque perjudicaron a importantes sectores de la población, al causar la depresión de la construcción privada y del mercado de alquileres.

¿Cuál es el reto de cara al futuro?
En todo momento, el lema de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha sido construir un futuro para todos los venezolanos, a través del desarrollo armonioso, consensuado, democrático y participativo de todos los sectores en los proyectos urbanísticos para la creación de ciudades sustentables.

Cifras oficiales destacan que actualmente 10.920.000 personas en todo el territorio nacional están afectadas por el déficit de vivienda, lo que representa el 40,2% de la población total. Deben construirse, según el Gobierno, 2.750.000 viviendas nuevas para todas estas personas, así como remodelar 1.000.000.

La Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido entre 2011 y 2012 un aproximado de 293 mil 799 viviendas (de acuerdo con el ministro de Vivienda, Ricardo Molina), lo cual, si se considera el crecimiento vegetativo de la población venezolana, demuestra que ese programa gubernamental no está satisfaciendo las necesidades de la población. Además, Es por ello que todavía quedan más de 100 mil personas en refugios y son diarias las protestas en las calles por un sitio donde vivir dignamente.

Entre 2011 y 2012, de las 293.000 viviendas reportadas por personeros del gobierno como resultado de la Gran Mision Vivienda, 131 mil son las aportadas por el programa de Transformacion Integral del Habitat (TIH) y que no constituyen unidades de viviendas nuevas, mientras que solo 91 mil son completamente nuevas construidas por el sector público y 70.500 por el sector privado.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha hecho, y continuará haciendo en el año 2013, llamados al Gobierno nacional para el trabajo conjunto, porque solo con la participación del sector privado la oferta de viviendas podrá superar a la demanda, y así se dará solución definitiva a la crisis.

La reforma de las leyes que han asfixiado al sector privado se encuentra entre los puntos de la agenda que la Cámara impulsará en el 2013. Realmente se necesitan leyes incluyentes, que respeten de forma equilibrada los derechos de todas las personas, y que regulen sin criminalizar la actividad promotora de viviendas, y sin concentrar todas las funciones de tramitación en organismos burocráticos que dificultan las respuestas que la gente espera.
También la Cámara Inmobiliaria se robustecerá a lo interno, para presentarse ante el país como un gremio unido y responsable que está en disposición de trabajar en beneficio de la gente. Será fundamental el apoyo entre la representación nacional del gremio y los capítulos regionales de la organización, localizados en Aragua, Nueva Esparta, Carabobo, Falcón, Bolívar, Mérida, Lara, Zulia, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Táchira, y su extensión metropolitana en Caracas. Se destacará la realización y actualización en varios estados del curso de Formación Integral del Profesional Inmobiliario, el cual es el único en Venezuela que certifica a profesionales inmobiliarios con toda la preparación académica necesaria para atender las necesidades de sus clientes.

La insistencia de nuestra organización en ser protagonistas del cambio favorable para todos los venezolanos en materia de vivienda es porque sabemos que esa mejora solo llegará cuando haya un genuino debate democrático sobre el tema, solo así se evitarán los males que hasta ahora han minado las potencialidades que tiene Venezuela de ser verdaderamente un país donde todas las familias tengan viviendas dignas, en ciudades donde los servicios funcionen correctamente y de manera sostenible en el tiempo.

Sean como sean los tiempos que vengan, estaremos juntos, apostando por nuestro país, por su gente, por un futuro de paz y bienestar.

NOTA DE PRENSA