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lunes, 2 de julio de 2012

Familiar de Rocío San Miguel permanecerá recluida en el Helicoide


La abogada Theresly Malavé informó que la medida privativa de libertad contra la  doctora Ana María Abreu de San Miguel, cuñada de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel,  se dio sobre la base de la calificación jurídica de "divulgación de información secreta". Agregó que estará recluida en el Helicoide y que en 45 días la Fiscalía presentará el acto conclusivo.

"Este caso representa la arbitrariedad del régimen venezolano. En el expediente no hay nada que comprometa a la doctora Abreu. Ella trabaja con damnificados en la Plaza Bicentenaria. Ella ni siquiera tiene acceso a Miraflores, ni siquiera contacto con militares. No hay información y menos se puede determinar si es secreta", señaló.

Malavé informó que según los alegatos de Casa Militar, se dice que pudiera haber divulgación de información secreta de Miraflores. Advirtió que por el hecho de llevar el apellido San Miguel (por su esposo) no quiere decir que esté relacionada con este hecho. 



"Ana María es del Departamento de Bienestar Social y viene siendo la última en ese grupo de personas que trabaja allí", dijo.

La presidenta de la Organización No Gubernamental (ONG) Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguróq ue la médico cirujano de 52 años de edad, madre de familiam no tiene ni siquiera conocimiento del ámbito militar. "Por donde pasamos, los funcionarios nos señalan el carácter y tinte político de retaliación de esto", comentó.

En horas el mediodía, San Miguel indicó en Twitter que había sido dictada la medida en contra de su cuñada, quien trabaja como médico en el Palacio de Miraflores desde hace 12 años.

"Dictada MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD a la Dra. Ana Maria Abreu de San Miguel x Delitos CONTRA LA INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD DE LA NACION", escribió.

La audiencia de presentación fue a las 9:00 am, ante el juez 13 de control en el Palacio de Justicia.

San Miguel había dicho días antes en su cuenta de Twitter que su cuñada fue víctima de un "secuestro del Estado", porque fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia sin presentar una orden de aprehensión.