El vocero de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, califica el nuevo anteproyecto de Ley de Arrendamiento propuesto por el PSUV, como un "procedimiento confiscatorio e inconstitucional". Asegura que se trata de legalizar la expropiación y afectar el alquiler de viviendas.
Indicó que hay aspectos preocupantes en dicho proyecto, uno de ellos es el artículo que establece que una persona que tenga 5 propiedades debe venderlas de manera obligatoria en un lapso de seis meses, sino será sometido a expropiación. Advirtió que esto busca promover la expropiación como sanción.
"Quieren intervenir en cualquier actividad civil y eso no puede ser. El Estado puede fiscalizar, pero no se puede convertir en árbitro", reflexionó Orta.
Recordó que en el país no se "pagan" las expropiaciones. "Así pasó con los 188 edificios que expropió el exalcalde Juan Barreto, ahí se violó la ley y no se benefició a nadie. Ni se les pagó a los propietarios ni los apartamentos fueron adjudicados a los inquilinos", agregó.
También recordó la expropiación de 19 estacionamientos en el centro de Caracas que no han sido pagados ni han iniciado la construcción de viviendas que prometieron en esos lugares.
Congelación de alquileres
Orta manifestó que otro punto importante es la congelación de alquileres. Indicó que los edificios van a la ruina, porque no alcanzan los ingresos.
Explicó que actualmente la rentabilidad de los alquileres está entre 6 y 9%, y en el anteproyecto presentado por el PSUV se busca bajar entre 4 y 6%, lo que dejaría a los dueños de edificios con una "ganancia" de menos 84 bolívares fuertes.
"Es una ley que va a condenar a miles de personas que han invertido, va a arruinar a quienes obtuvieron una propiedad legítima", dijo el vocero de Apiur.
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