Según información publicada en El Espectador.com El embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, renunció en las últimas horas a esa alta distinción del país en el extranjero.
La decisión del diplomático obedece al escándalo desatado desde el momento en que era el mayor accionista de la firma de abogados Brigard & Urrutia que asesoró a varias empresas en Colombia en un controvertido sistema de compra de tierras en el Vichada.
De ahí que el embajador enviara una carta al presidente Juan Manuel Santos anunciándole la dimisión al cargo y advirtiendo que no quiere afectar al Gobierno.
“La firma de abogados que lideré en el pasado le prestó asesoría legal a empresas con emprendimientos agroindustriales en la altillanura que tienen la vocación de convertir al país en una potencia alimentaria, ello forma parte de la función de los abogados”, citó en la carta.
“La firma de abogados que lideré en el pasado le prestó asesoría legal a empresas con emprendimientos agroindustriales en la altillanura que tienen la vocación de convertir al país en una potencia alimentaria, ello forma parte de la función de los abogados”, citó en la carta.
En el país se vive un agudo debate por la asesoría que brindó Carlos Urrutia a la multinacional Cargillque permitió el “acaparamiento irregular” de tierras en Colombia.Y continuó: “Confío plenamente en la legalidad de las tesis jurídicas que sustentan ese trabajo. Infortunadamente la discusión política se ha enfocado más en la forma que en el fondo y hay resistencia a escuchar razones jurídicas que concluyen que las adquisiciones de tierras se ejecutaron conforme al derecho”.
De hecho, el representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo, citó a control político a la canciller María Ángela Holguín para que respondiera sobre este difícil tema.
Urrutia fue socio del bufete de abogados Brigard & Urrutia previo a su nombramiento en este cargo.
Según el representante Arias, este caso hace referencia a un “entramado empresarial jurídico” para apropiarse de 42.000 hectáreas de tierra con antecedente de baldío en la Altillanura colombiana, “violentando las prohibiciones de ley 160 de 1994”.
La multinacional Cargill habría utilizado un mecanismo similar para acaparar al menos 26.060 hectáreas en los municipios de Cumaribo y Santa Rosalía, en el Vichada.
