(AFP) – El fuerte apoyo de los votantes vascos a la coalición independentista Amaiur en las elecciones del domingo confirma que la “lucha por la autodeterminación” se afianza definitivamente en la vía democrática, tras el fin de la violencia de ETA, cuya desaparición deberá gestionar el próximo gobierno.Un mes después de que ETA anunciase el “cese definitivo” de los atentados, Amaiur, coalición independentista que incluye a miembros de la antigua Batasuna -su brazo político ilegalizado en 2003- se convirtió el domingo en la principal fuerza nacionalista vasca en el Parlamento español.
“El proyecto de Amaiur en el Parlamento y el de ETA son el mismo”, opinó Mikel Buesa, catedrático de Economía del Terrorismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Apuntan a lograr lograr un referéndum de autoderminación -ilegal según la actual Constitución- y la excarcalación de sus cerca de 700 miembros presos, condición que ETA ya ligó a una eventual negociación de la entrega de armas.
Sin embargo, el conservador Partido Popular (PP), y su líder, Mariano Rajoy, gran vencedor de las legislativas del domingo, dejaron claro que no negociarán.
“No se tomará ninguna medida derogando la ley o modificando la ley para adaptarla a las pretensiones de los terroristas”, explicó a la AFP Leopoldo Barreda, portavoz del PP en el País Vasco.
No obstante, según Gorka Landaburu, director de la revista política Cambio 16, el nuevo gobierno español no tendrá más remedio que “buscar soluciones” para poner fin definitivamente a más de cuatro décadas de violencia.
“El próximo presidente del gobierno se va a encontrar con un pastel para poner fin a ETA”, explica.
“Estoy convencido de que habrá generosidad porque acabar con ETA ha sido el deseo que han tenido todos los presidentes del gobierno español y ahora a Rajoy le viene con todo el trabajo hecho”, afirma.
En cuanto a los presos, “no va a haber amnistía porque no está recogida en la Constitución pero sí habrá indultos”, considera.
“Me da la impresión que para la primavera que viene habrá acercamiento de presos (a cárceles del País Vasco) y podrá haber salida de algunos presos que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”, afirma.
“Después quedará el problema más complejo de los presos con delitos de sangre”, es decir los responsables de atentados mortales, agrega.
Responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco, ETA había anunciado el 20 de octubre el “cese definitivo de su actividad armada”.
“ETA dio este paso forzada y con cierto fastidio” por el creciente distanciamiento de la violencia expresado públicamente por su brazo político, explica Florencio Domínguez, redactor jefe de la agencia de noticias Vasco Press.
Pese a su oposición una negociación colectiva de la situación de los presos etarras, el PP deja una puerta abierta al diálogo individual.
“Si ETA se disuelve, dejará de pretender controlar a los terroristas presos”, dice Barreda. “Cada penado tendrá derecho a ejercitar sus peticiones y a relacionarse individualmente con la justicia como todos los demás condenados”, agrega.
La política penitenciaria española tiende a encarcelar a los detenidos en prisiones cercanas a sus ciudades de origen.
Sin embargo, para impedir que los presos de ETA se organicen políticamente, desde hace décadas los gobiernos españoles los han dispersado por las cárceles de todo el país, obligando a sus familias a recorrer cientos de kilómetros para visitarlos.
De momento, la desaparición de la organización armada está por resolver, advierte Buesa.
“ETA no se ha disuelto, así que el cese definitivo de la utilización del terrorismo no es irrevocable y no descartaría al 100%” un retorno a la violencia “si el proyecto de los independentistas topa con un límite democrático”, afirma.
