EFE).- El permanente enfrentamiento que libran en Venezuela seguidores y
opositores al presidente Hugo Chávez, se ha dado una tregua en el problema del
desarme de los civiles, por el que unos y otros trabajan
juntos.
Este diciembre, la comisión parlamentaria mixta que redacta la Ley del
Desarme elevará al plenario de la Asamblea Nacional (AN, unicameral) una norma
para desarmar a la población civil en un país en el que se calcula que hay 15
millones de armas.
“¿Por qué no unirnos si se trata de la vida de los
venezolanos? Tenemos que cumplir nuestro compromiso con la vida, sin
cálculo político; es nuestro compromiso llevar la ley a la plenaria en
diciembre”, dijo a Efe el diputado opositor Juan Carlos Caldera, miembro de la
comisión mixta.
La evidencia de que las balas no distinguen entre opositores y oficialistas
ayudó a abordar el problema de manera conjunta y a superar los enfrentamientos
de principios de año.
Un diputado opositor dijo entonces que si se colocaran juntos los ataúdes de
todos los muertos de la delincuencia se congestionarían las carreteras del país,
comentario que provocó el enojo de los oficialistas que arremetieron
contra quienes tildaron de “escoria necrofílica”.
Chávez reconoció en enero que el hampa provocó 155.000 muertos en los
últimos diez años -15.500 anuales- y su ministro del Interior Tareck El
Aissami, admitió que la tasa de homicidios es de 48 por cada 100.000 habitantes,
“por encima de la media de América Latina”.
La organización humanitaria venezolana Provea dijo esta semana que entre
octubre de 2010 y septiembre de 2011 se registraron 13.080 homicidios.
Otras cifras lapidarias ventiladas en la AN apuntan que en el 98 % de
los homicidios estuvo involucrada un arma de fuego y que el 63 % de los
muertos recibió más de 5 balazos.
“Hemos venido disminuyendo los índices generales de delitos, pero donde no
hemos podido es en homicidios: este año pudiéramos estar disminuyéndolos en un 7
%”, dijo Chávez en las últimas semanas.
En la lucha contra la violencia hay que propiciar “la entrega anónima
y voluntaria” de las armas en poder de civiles, que suman hasta 15
millones en un país de 30 millones de habitantes, aunque sobre ello “hay cifras
para todos los gustos”, advirtió Caldera.
Para lograr un desarme se debe ofrecer, agregó, “un abanico de oportunidades
que vayan desde beneficios en alimentación, materiales de construcción, becas” y
otras alternativas.
Además de la comisión parlamentaria, en el asunto trabaja desde mayo una
Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, también
con la participación de opositores, encargada de “construir una política de
paz”, según su titular, Pablo Fernández, que vaya más allá de la simple retirada
de armamento.
“Imaginemos que retiramos todas las armas de fuego; eso no
significará que la violencia desaparecerá; nos agrediremos con palos y
cuchillos”, alertó Fernández recientemente a la televisión estatal, al
destacar que es necesario “construir códigos de convivencia y reglas
democráticas para dirimir conflictos”,
Fernández indicó que los cuerpos de seguridad se han incautado este año de
unas 130.000 armas al hampa que se destruirán antes de Navidad.
Integrantes de ambas comisiones viajaron el mes pasado a Brasil para conocer
la experiencia en ese país y recabar información sobre métodos de marcaje e
identificación de armas y municiones.
El marcaje es “sumamente efectivo para controlar más el mercado
legal”, ya que “lamentablemente”, admitió Fernández, este desvío de
balas “tiene muchísima más gravedad que el de las armas”.
“Las municiones producidas por el Estado venezolano llegan con mucha
facilidad a sectores delictivos”, agregó.
César Marín, asesor principal de Amnistía Internacional Venezuela para temas
de control de armas, dijo a Efe que “es muy importante” que exista la voluntad
política “que se está viendo ahora” en el país, “de apertura e interés por
trabajar con todos y en positivo”.
Sin embargo, en su opinión, hay que ir más allá, y controlar todas las armas
de fuego, incluidas las legales.
“Queremos una ley que corone una política integral de armas en la que el
desarme sea como el capítulo final, que cierre y redondee el ánimo ciudadano por
una sociedad con menos armas, menos muertes y menos dolor”,
subrayó Marín.
