(AP) — Después de una encarnizada puja en el Congreso, el gobierno de Barack Obama mantuvo el derecho a investigar y juzgar a los sospechosos de terrorismo ante la justicia civil, aunque las autoridades dicen que la nueva legislación plantea una serie de interrogantes que podrían complicar y perjudicar la investigación de casos de terrorismo.
Durante la batalla que comenzó en mayo y concluyó esta semana con un proyecto
de compromiso sobre defensa, el gobierno libró una lucha cuesta arriba contra
una mayoría de republicanos y algunos demócratas que trataban de
expandir el papel de los militares reduciendo a la vez el papel de los
tribunales civiles en la lucha antiterrorista.
Fue el esfuerzo más reciente de los conservadores por mantener abierta la
prisión militar en Guantánamo, Cuba, para encerrar en ella por tiempo indefinido
a los sospechosos de terrorismo y designar comisiones militares en vez
de tribunales civiles para impartir justicia.
Al final, el gobierno obtuvo una victoria importante. Durante las
negociaciones entre las dos cámaras del Congreso se excluyó del proyecto de
defensa una disposición que habría eliminado la autoridad del poder
ejecutivo de usar tribunales civiles para juzgar casos de terrorismo
contra extranjeros.
La nueva ley requeriría custodia militar para todo sospechoso que sea
miembro de al-Qaida o “fuerzas asociadas” y que esté involucrado en la
planificación o el intento de comisión de un ataque contra Estados Unidos o sus
socios de coalición. La custodia militar no se aplicaría a ciudadanos
estadounidenses o residentes legales.
El presidente o un subordinado designado podría excusar el requisito de
custodia militar certificando al Congreso que dicha medida sería de interés para
la seguridad nacional.
La nueva ley “aumentará el costo político” cuando el gobierno decida
juzgar a un detenido ante la justicia civil, dijo el profesor de
derecho Robert Chesney, de la Universidad de Texas, que se desempeñó en el
Departamento de Justicia en 2009.
Sin embargo, Chesney agregó que “esta ley da flexibilidad al presidente” para
tener juicios civiles “y por lo tanto la ley no es tan mala como dicen
sus adversarios ni tan útil como suponen sus partidarios”.
En el debate tuvo participación importante el FBI, la agencia que ahora debe
operar en un ambiente en el que los militares desempeñan un papel
mayor.
En una carta del 28 de noviembre al Congreso, el director del FBI Robert
Mueller advirtió que la ley inhibirá la capacidad de la agencia para
persuadir a supuestos terroristas que cooperen y suministren
informaciones.
Mueller intentó plantear ese argumento en una audiencia del Comité de Asuntos
Jurídicos esta semana, pero encontró poco eco en el senador republicano Jeff
Sessions.
Funcionarios policiales, que hablaron con la condición del anonimato por no
estar autorizados a hablar públicamente sobre el tema, dijeron que no
será fácil trabajar con una nueva serie de reglas que deben ser
redactadas en los próximos 60 días antes de que la ley entre en vigencia.
