La propuesta debería ser aprobada en diciembre por el Senado -de mayoría oficialista- ante el expresado deseo del presidente Evo Morales de que ésta sea "un regalo de Navidad para los trabajadores". Ya fue aprobada días atrás por diputados.
Este proyecto de ley crea una empresa estatal que reemplaza a dos administradoras de pensiones privadas -una española y otra suiza- que hasta ahora manejan los aportes de 1,3 millones de personas en un país donde habitan 10 millones en total.
Entre las dos administradoras manejan más de 4.400 millones de dólares de aportes laborales. Ninguna de las compañías -con las que aún no se han entablado negociacionnes- emitió comentarios al respecto.
La operadora estatal funcionará con el dinero captado por estas empresas, y algunas reformas como un 3% adicional de aporte patronal, un 0,5% adicional de empleados y un aporte solidario de quienes ganen más de 13.000 bolivianos (cerca de 1.900 dólares) mensuales.
La mayor controversia gira en torno al descenso de la edad de jubilación de 65 a 58 años, que puede incluso ser menos para los mineros, que en razón de sus condiciones precarias de trabajo, podrían retirarse a los 51 años.
Los empresarios bolivianos protestaron por la ausencia de concertación, y analistas cuestionan que la duración garantizada del nuevo sistema sea de sólo 35 años, como reconoce el gobierno.
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