La Comisión Nacional Coordinadora contra la Estafa, Fraude y Usura Inmobiliaria de la Fiscalía General de la República, encabezada por el licenciado Luis Bastardo, visitó ciudad de Tinaquillo, a fin de recibir las denuncias de los copropietarios afectados por la urbanizadora Cosapi encargada de ejecutar el urbanismo “Villas del Progreso”.
En una asamblea realizada en el Centro de Atención Social (CAS) de esta ciudad, los copropietarios afectados pudieron plantear las diferentes denuncias referentes al precio real de la vivienda, el incumplimiento de entrega, los desperfectos de acabado y falta de construcción de la segunda y tercera etapa.
Conjuntamente con la comisión nacional de la Fiscalía General, también estuvo la representante de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, Dra. Lolimar Marín; el asesor de la comisión de fraudes inmobiliarios del Ministerio Público, José Arteaga; el coordinador regional del Indepabis, David Rojas y la Fiscal Segundo del Ministerio Público de Cojedes y representantes de la urbanizadora Cosapi.
Durante su derecho de palabra, Marisol Carrillo, en representación de los más de 200 copropietarios afectados expuso que la entrega de la primera etapa del urbanismo estaba prevista para junio del año pasado y la segunda para noviembre y hasta la fecha no ha habido ninguna entrega.
Por su parte, Luis Bastardo, representante de la comisión nacional, manifestó la articulación de acciones preventivas diligentes por parte de dicha comisión conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) para evitar los delitos de estafa y corregir los daños ya causados contra los adquirientes de viviendas.
Entre tanto, David Rojas, coordinador regional de Indepabis confirmó el levantamiento de una providencia administrativa contra la constructora Cosapi en virtud de que ejecutan cuatro urbanismos en el municipio Falcón y en la mayoría tienen denuncias por incumplimiento de entrega de viviendas, mala utilización de materiales para el techo y cobro indebido del IPC.
Refirió que en el estado Cojedes hasta ahora han recibido 2 mil 432 denuncias, de las cuales 240 corresponden a copropietarios de Villas del Progreso, con quienes están comprometidos a dar garantía de sus derechos y acceso a las viviendas.
En este sentido, sostuvo que están aplicando sanciones administrativas a través de una medida de ocupación temporal y una provisión de enajenar y grabar, “hasta los momentos los expedientes de Indepabis han sido remitidos al Ministerio Público, ya que los afectados han pasado la denuncia directamente a la Fiscalía General de la República y hay una orden de aprehensión contra el ciudadano José Alberto Sandia uno de los dueños de la Urbanizadora Cosapi”.
En una asamblea realizada en el Centro de Atención Social (CAS) de esta ciudad, los copropietarios afectados pudieron plantear las diferentes denuncias referentes al precio real de la vivienda, el incumplimiento de entrega, los desperfectos de acabado y falta de construcción de la segunda y tercera etapa.
Conjuntamente con la comisión nacional de la Fiscalía General, también estuvo la representante de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, Dra. Lolimar Marín; el asesor de la comisión de fraudes inmobiliarios del Ministerio Público, José Arteaga; el coordinador regional del Indepabis, David Rojas y la Fiscal Segundo del Ministerio Público de Cojedes y representantes de la urbanizadora Cosapi.
Durante su derecho de palabra, Marisol Carrillo, en representación de los más de 200 copropietarios afectados expuso que la entrega de la primera etapa del urbanismo estaba prevista para junio del año pasado y la segunda para noviembre y hasta la fecha no ha habido ninguna entrega.
Por su parte, Luis Bastardo, representante de la comisión nacional, manifestó la articulación de acciones preventivas diligentes por parte de dicha comisión conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) para evitar los delitos de estafa y corregir los daños ya causados contra los adquirientes de viviendas.
Entre tanto, David Rojas, coordinador regional de Indepabis confirmó el levantamiento de una providencia administrativa contra la constructora Cosapi en virtud de que ejecutan cuatro urbanismos en el municipio Falcón y en la mayoría tienen denuncias por incumplimiento de entrega de viviendas, mala utilización de materiales para el techo y cobro indebido del IPC.
Refirió que en el estado Cojedes hasta ahora han recibido 2 mil 432 denuncias, de las cuales 240 corresponden a copropietarios de Villas del Progreso, con quienes están comprometidos a dar garantía de sus derechos y acceso a las viviendas.
En este sentido, sostuvo que están aplicando sanciones administrativas a través de una medida de ocupación temporal y una provisión de enajenar y grabar, “hasta los momentos los expedientes de Indepabis han sido remitidos al Ministerio Público, ya que los afectados han pasado la denuncia directamente a la Fiscalía General de la República y hay una orden de aprehensión contra el ciudadano José Alberto Sandia uno de los dueños de la Urbanizadora Cosapi”.
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