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viernes, 25 de marzo de 2011

El Gobierno español aprueba la reforma que eleva la edad de la jubilación

El Gobierno español aprobó hoy la reforma de las pensiones que eleva de 65 a 67 años la edad de la jubilación y que había sido acordada previamente con los sindicatos y las organizaciones de empresarios.

El Consejo de Ministros celebrado hoy dio la luz verde al proyecto de ley con la nueva normativa, que deberá ahora ser ratificada por el parlamento.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, destacó que la reforma pretende "dar respuesta al desafío del envejecimiento de la población española", más acusado incluso que en otros países del entorno europeo.

Destacó también que es la "la más amplia" de su tipo adoptada en España y que el primer objetivo que persigue es "garantizar las pensiones del futuro", con una concepción del sistema más "flexible".

En este contexto explicó que será una "reforma gradual", de manera que la aplicación de la edad de 67 años no se aplicará hasta 2027.

La nueva reglamentación permitirá jubilarse antes de esa edad en algunos casos, cuando se hayan cotizado 38,5 años, y también en situaciones de crisis, en las que se podrá hacer a partir de 61 años.

También contempla el derecho a la "jubilación voluntaria a partir de los 63 años", tanto para trabajadores autónomos como por cuenta ajena, con ciertas reducciones porcentuales.

Prevé asimismo que se computen como periodos cotizados a la hora de hacer el cálculo de la pensión los permisos por cuidado de los hijos y los periodos de becas o prácticas remuneradas.

El camino para la aprobación de la reforma del sistema de pensiones -una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para atajar la grave crisis económica que sufre España- fue despejado a finales de enero con el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con sindicatos y patronal.

La reforma supone que las generaciones más jóvenes deberán trabajar dos años más, hasta los 67 para poder jubilarse con una pensión completa.

La medida había sido reclamada con insistencia por la Unión Europea y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que veían insostenible a largo plazo el sistema actual de pensiones de España.

La reforma llega después de que en 2010 el Gobierno tuviese que aplicar un plan de reducción del déficit público con recortes sociales como la congelación de las pensiones y la reducción del salario de los funcionarios.

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