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sábado, 29 de enero de 2011

Es falso que el Sebin haya intentado allanar residencia del diputado Gómez Sigala

Es falso que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) haya intentado allanar este sábado la residencia del diputado de la derecha a la Asamblea Nacional Eduardo Gómez Sigala, tal y como aseguró el propio parlamentario por el estado Lara y algunos voceros y empresas de comunicación.
El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), Tareck El Aissami, informó que el procedimiento realizado por el Sebin se hizo para detener al ciudadano Jorge Andrés Azpúrua Ramírez, quien es requerido por la justicia venezolana por estar vinculado con las estafas inmobiliarias.
En una entrevista realizada en la parroquia Antímano, al oeste de Caracas, el ministro El Aissami señaló que la visita domiciliaria fue a la residencia de Azpúrua Ramírez, quien está casado con una hija de Gómez Sigala.
“El diputado (Gómez Sigala) se presentó al domicilio de su hija e informó que su yerno, quien está requerido por la justicia venezolana, se encuentra desde hace tiempo fuera del país. No se realizó ninguna visita domiciliaria a la casa de ningún diputado”, enfatizó.
El Aissami indicó que Azpúrua Ramírez es uno de representantes del Grupo Eiffel, dirigido por Andrés Azpúrua y Jorge Azpúrua, una de las constructoras involucradas en los casos de estafa.
Gómez Sigala declaró que seis funcionarios del Sebin sin una orden judicial intentaron allanar su residencia, ubicada en la urbanización Valle Arriba, en un sector privilegiado del este Caracas.
Declaró a Globovisión, que transmitió en vivo y directo, y al diario El Nacional que este supuesto allanamiento a su residencia fue “un acto para amedrentar”.
El Grupo Eiffel estaba a cargo de la edificación de Terrazas de Guaicoco, Nueva Casapara, Terrazas de Mampote, Valle de Chara, Camino Real y las Haciendas, urbanismo que fueron objeto de medidas de protección por parte del Estado para garantizar los derechos de los compradores.
En estos seis complejos habitacionales la compañía cobró ilegalmente el IPC y retrasó hasta por tres años la entrega de viviendas, adjudicó inmuebles de menor calidad y rescindió de manera unilateral los contratos para venderlos a un precio superior a otras personas.

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