El Ministerio Público (MP) ha procesado más de 2.000 denuncias relacionadas con estafa y usura en la venta de inmuebles, de las que 154 acusaciones se registraron en el estado Anzoátegui.
La información la suministró este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en la inauguración de la Fiscalía 24º del estado Anzoátegui, con competencia en casos de violencia contra la mujer, instancia que funcionará en Puerto La Cruz.
Ortega Díaz precisó que las más de 2.000 denuncias representan un número menor de investigaciones, dado que varios ciudadanos realizaron acusaciones individuales contra una misma constructora o empresa inmobiliaria.
Destacó que hasta la fecha han acusado a 24 personas y otras 75 se encuentran privadas de libertad por su vinculación con ilícitos inmobiliarios, de igual forma obtuvieron ordenes de aprehensión contra 177 ciudadanos por los mismos motivos.
Reveló que han conseguido la aplicación de 260 medidas reales contra empresas, como congelación de cuentas y prohibición de enajenar y gravar bienes, y solicitan la ejecución de otras 273 medidas contra accionistas de las compañías involucradas.
Asimismo, resaltó que se logró la primera sentencia condenatoria en un caso de estafa inmobiliaria, específicamente en el estado Nueva Esparta, y agregó que en la actualidad adelantan 414 causas en Venezuela.
La fiscal general también señaló que dirigió una correspondencia al secretario de la Interpol, Ronald Noble, a los fines de que informe las razones por las cuales, sin consultar al Estado venezolano, excluyó y bloqueó de las alertas rojas a personas incursas en distintos delitos reportados en el país, incluidos ilícitos bancarios y situaciones vinculadas con delincuencia organizada.
La información la suministró este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en la inauguración de la Fiscalía 24º del estado Anzoátegui, con competencia en casos de violencia contra la mujer, instancia que funcionará en Puerto La Cruz.
Ortega Díaz precisó que las más de 2.000 denuncias representan un número menor de investigaciones, dado que varios ciudadanos realizaron acusaciones individuales contra una misma constructora o empresa inmobiliaria.
Destacó que hasta la fecha han acusado a 24 personas y otras 75 se encuentran privadas de libertad por su vinculación con ilícitos inmobiliarios, de igual forma obtuvieron ordenes de aprehensión contra 177 ciudadanos por los mismos motivos.
Reveló que han conseguido la aplicación de 260 medidas reales contra empresas, como congelación de cuentas y prohibición de enajenar y gravar bienes, y solicitan la ejecución de otras 273 medidas contra accionistas de las compañías involucradas.
Asimismo, resaltó que se logró la primera sentencia condenatoria en un caso de estafa inmobiliaria, específicamente en el estado Nueva Esparta, y agregó que en la actualidad adelantan 414 causas en Venezuela.
La fiscal general también señaló que dirigió una correspondencia al secretario de la Interpol, Ronald Noble, a los fines de que informe las razones por las cuales, sin consultar al Estado venezolano, excluyó y bloqueó de las alertas rojas a personas incursas en distintos delitos reportados en el país, incluidos ilícitos bancarios y situaciones vinculadas con delincuencia organizada.
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