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martes, 19 de julio de 2011

Ejecutivo y sector privado afinarán mecanismos para determinar costos de productos y servicios

AVN .- El sector privado y funcionarios del Estado venezolano establecerán mesas de trabajo para evaluar las estructuras de costos de los alimentos, materiales de construcción y viviendas, textiles y calzados, útiles escolares y salud para fijar los precios máximos, de acuerdo con lo establecido en la la Ley de Costos y Precios Justos.

El presidente de la Asociación Nacional de Frigoríficos (Asofrigo), Gonzalo Azuaje, informó este martes que el encuentro será favorable para verificar las estructuras de costos, en relación con los productos cárnicos, con miras a determinar un precio justo tanto para el sector privado como para los consumidores.

“Todas las reuniones que pudiera establecer el sector privado con el Gobierno Nacional son sanas. Allí se pueden discutir además de costos, otros temas de interés para impulsar la economía nacional”, explicó Azuaje.

Indicó que esperan reunirse próximamente con los técnicos del Estado para llevar los costos de producción de carne nacional e importada.

Por su parte, el presidente de Empresarios por Venezuela (Empreven), Alejandro Uzcátegui, expresó su respaldo en torno a la Ley de Costos y Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.715.

“Esta ley va a reducir la inflación y va a detectar a los empresarios especuladores. La inflación tiene un gran ingrediente de especulación por la codicia y esas ganas de ganar excesivos dividendos y utilidades en las empresas. Ese espiral inflacionario será controlado con la Ley y nosotros le damos la bienvenida”, dijo en una entrevista concedida a Unión Radio.

El vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, indicó este lunes que la semana próxima se inician las mesas de trabajo para que los sectores productivos, importadores y el Ejecutivo, en un lapso de tres meses, fijen los precios máximos de cada bien.

De la misma forma, será dentro de 90 días cuando deberá estar lista la plataforma tecnológica sobre la cual funcionará la nueva superintendencia adscrita a la Vicepresidencia de la República, que regulará, controlará y sancionará a los especuladores.