Más de una veintena de detenidos dejó en Santiago una marcha organizada
por algunas organizaciones de estudiantes secundarios, la primera de
2012, que no contó con el aval de las principales federaciones
estudiantiles, según dijeron sus dirigentes.
La marcha fue
convocada a través de las redes sociales Facebook y Twitter, dijo a los
periodistas Sebastián Donoso, presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Santiago (USACH), en cuyas inmediaciones comenzó la
manifestación.
"No tenemos idea por qué se están generando estos
disturbios", añadió, mientras la Policía cargaba contra los manifestantes para
disolver la marcha, que en el momento más álgido sumó alrededor de un millar de
participantes.
El año pasado, el movimiento estudiantil
chileno se mantuvo movilizado desde mayo hasta diciembre en demanda de una
educación pública gratuita y de calidad, mediante continuas marchas y
la ocupación de centenares de establecimientos de enseñanza media y
universitaria.
Pero durante el verano austral, que es época de
vacaciones, nunca se habían registrado manifestaciones de este tipo.
Los
manifestantes trataron de marchar por la alameda Bernardo O"Higgins, pero tras
la acción policial sólo unos 300 lograron llegar al punto de destino, en la
céntrica Plaza Almagro, donde al parecer estaba previsto un acto cultural que no
se concretó.
En cambio, grupos de encapuchados se enfrentaron de forma
esporádica durante unas dos horas con la Policía, que detuvo a 21 de ellos,
según fuentes de Carabineros (Policía militarizada).
En los intervalos,
los encapuchados se refugiaban en la sede de una universidad privada situada en
el sector.
En algunos textos que circulaban en las redes sociales los
organizadores argumentaban que "los logros del movimiento estudiantil solo serán
producto de lo que el propio movimiento sea capaz de forjar, y para ello el 2012
será decisivo".
"Hemos aprendido de los errores del pasado y ahora con
más fuerza que nunca seguiremos luchando por la educación que Chile se merece",
añadía el texto, que también protestaba por la llamada "Ley antitomas", que
impulsa el Gobierno y que establece penas de cárcel para los encapuchados que
ejerzan la violencia en manifestaciones callejeras.
