La condena a 35 años de un ex general colombiano, por la desaparición forzada de once personas en 1985, abrió un debate sobre qué hacer con los militares violadores de derechos humanos en un país que lleva seis décadas de conflicto armado y que ya ha perdonado a algunos actores armados ilegales.
Analistas como Alfredo Rangel declaran a BBC Mundo que "hay que pensar en un nuevo instrumento de justicia transicional, sea una ley de punto final o la reforma de la ley actual, que permita que miembros de las fuerzas militares, acusados de violaciones a los derechos humanos, puedan recibir un tratamiento equitativo de parte de la justicia, a cambio de la verdad".
Pero el abogado Federico Andreu, de la Comisión Colombiana de Juristas, lo refuta. Y le dice a BBC Mundo que "una ley de perdón para delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra sería ilegal a la luz del derecho internacional".
La discusión se da después de que el ex general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado por abusos cometidos por sus soldados cuando recuperaron en 1985 la sede del Palacio de Justicia en Bogotá, que había sido tomada por guerrilleros del desaparecido M-19.
El presidente Juan Manuel Santos se solidarizó con los militares y considera que lo sucedido con Arias Cabrales es "una injusticia", que le produce "un sabor amargo".
En cambio, el director en Colombia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, declara a BBC Mundo que la condena contra Arias "es un importante avance en la lucha contra la impunidad".
Según Santos, no es equitativo que el general Arias pague esa pena, cuando "otros delincuentes, esos sí verdaderos delincuentes, que torturaron, que sometieron a los colombianos a situaciones horrorosas, queden libres después de cinco u ocho años de cárcel".
Santos se refería a la ley de justicia y paz que fue aprobada a mediados de 2005 y que les rebaja sustancialmente las penas a los paramilitares que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
En años anteriores, varios otros procesos de amnistía o de indulto favorecieron también a numerosos guerrilleros.
Por esa razón, el presidente planteó que el Congreso se siente a "repensar ese aspecto porque creo que esto que está sucediendo no es sano para el país, es injusto con algunas personas".
Beneficios a militares
Eso explica por qué el senador Roy Barreras, del Partido de la U, el mismo del presidente, haya anunciado que presentará un proyecto "de alternatividad penal" que beneficie a los militares.
Barreras alega que "entendemos la intención de los jueces de aplicar severa justicia en todos los crímenes de lesa humanidad, pero lo que las Fuerzas Militares no pueden entender es que hayamos indultado a los autores de la toma del Palacio de Justicia que estuvieron financiados por Pablo Escobar (jefe del Cartel de Medellín) y se condene a los militares a cadena perpetua".
Sin embargo, Federico Andreu subraya que ese es un mito. "Se ha dicho que a la gente que se tomó el Palacio de Justicia la amnistiaron. Pero amnistiaron a muy pocos, porque la mayoría están muertos. Fueron muertos fuera de combate o desaparecidos. Otros, a los que le cabía responsabilidad por ser comandantes, fueron asesinados, como ocurrió con Carlos Pizarro en 1990", señala.
Andreu agrega que "en el derecho internacional existen obligaciones que son absolutas" y recuerda que el principio de la jurisdicción universal les permitió a tribunales españoles, franceses, ingleses y belgas "perseguir a Pinochet y a la junta militar argentina".
La discusión apenas empieza y el proyecto anunciado por Barreras aún no está listo. Por lo pronto, Salazar, de las Naciones Unidas, advierte que "no puede haber punto final por delitos de lesa humanidad y no se les puede amnistiar".
BBC
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