La distribución de la tierra ha sido uno de los determinantes históricos del conflicto interno que ha vivido el país en los últimos 50 años. De ahí que la Ley 1448 de junio de 2011 o “Ley de víctimas” —que incorpora la restitución de tierras como uno de los ejes principales para reparar a las víctimas del conflicto interno— fue celebrada por la opinión pública nacional e internacional como un hito en el camino hacia la paz en el país.
Las regulaciones para la restitución de tierra contenida en la Ley son medidas de carácter transicional. Es decir, están orientadas a reconocer y remediar consecuencias de situaciones donde ha habido violaciones graves a los derechos humanos.
En el caso particular, se trata de disposiciones para la reparación integral de las víctimas, como parte de un proceso que debe articular medidas de verdad, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Con la restitución de tierras se busca devolver a las víctimas a la situación previa al despojo, como propietarios, tenedores u ocupantes legítimos.
“Aunque no contamos con cifras específicas, se puede afirmar que la inequidad de la tierra ha sido causa pero también consecuencia del conflicto, lo que hace difícil su medición. Además, la situación de despojo de tierras ha ahondado el problema agrario colombiano en distintas dimensiones”, dice Paola García Reyes, profesora del departamento de Derecho y Ciencia Política de Uninorte.
EL HERALDO
