La crisis de derechos humanos en México hunde a su comisión nacional
México se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos. Eldiagnóstico de varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch viene de lejos, pero los recientes episodios de violencia han agravado esta percepción.
El testimonio en septiembre de una superviviente cuestionando el abatimiento de 22 supuestos narcos a manos del Ejército en Tlatlayay la desaparición de 43 estudiantes de magisterio tras un enfrentamiento con la policía en Guerrero ha vuelto a poner en entredicho la labor del ente que en México es encargado de velar por los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con el proceso para la elección del nuevo ombudsman(defensor) nacional en curso, y especialmente crispadas por la deficiente gestión del titular actual, Raúl Plascencia Villanueva, siete asociaciones civiles han solicitado formalmente al Senado que el proceso sea “claro, equitativo, transparente y democrático”.
“La CNDH es el ejemplo más acabado de la bancarrota ética de la clase política mexicana”, concluye tajante el profesor del Colegio de México Sergio Aguayo. “El organismo no hace bien su trabajo porque se ha burocratizado, tiende a beneficiar a quienes gobiernan y se olvida de las víctimas”.Conforme a los estatutos de la Comisión, Plascencia puede ser elegido y, de hecho, ya se ha postulado para el cargo por otros cinco años, pero su popularidad entre las organizaciones civiles, que deberían —según la ley— ser consultadas para la propuesta de una terna de candidatos, es muy baja. “El problema esencial de la Comisión es que está controlada por los partidos políticos y entre ellos pactan al presidente”, asume el abogado Jesús Robles Maloof, quien tilda de gris y mediocre la actuación del organismo. “Históricamente no ha funcionado. Nació [en 1990] casi como un registro en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y sólo en contadas ocasiones ha cumplido su función”. El ejemplo más reciente es la presentación de una acción de inconstitucionalidad en 2011 que logró que la Suprema Corte tumbara la llamada ley Duarte en Veracruz, concebida por su gobernador para regular el uso de Twitter.
La lista de omisiones o actuaciones deficiente del ente es extensa: la matanza de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando (Tamaulipas) en 2010, la desaparición [a manos del cartel de los Zetas] de 300 personas en Allende, Coahuila, en 2011 y ahora Tlatlaya, donde la comisión tardó 85 días en iniciar una investigación.
En este último municipio del Estado de México, ubicado en el sur del país, un batallón del Ejército acabó con la vida de 22 supuestos narcotraficantes una madrugada de junio. Según la versión oficial, las bajas se dieron en el contexto de un enfrentamiento entre soldados y crimen organizado, pero el testimonio de una superviviente publicado el 19 de septiembre en la revista Esquiredibujó un panorama muy diferente: el Ejército habría acabado con la vida de 21 de ellos después de que se rindieran. En este ámbito, la actuación de la CNDH, que el pasado martes emitió una recomendación en la que reconoce que al menos 15 civiles fueron asesinados a sangre fría por los militares, fue en un principio confusa. Un día después de hacerse público el relato de la mujer, Marat Paredes, visitador de la Comisión, aseguró a EL PAÍS que no había ninguna investigación sobre los hechos de junio. Dos jornadas más tarde, en este mismo diario, se desdecía explicando que hacía “varias semanas” que la CNDH había recogido el mismo testimonio, junto al de otras dos mujeres que aseguraron haber sido secuestradas.
Desde Amnistía Internacional, la experiencia con la CNDH está ligada a las resoluciones sobre torturas. “A partir de los informes que elaboramos, vemos que la mayor parte de las quejas que presentamos eran reclasificadas y una denuncia por tortura se convertía en abuso de autoridad o algo menor”, explica Mónica Oehler, encargada de la estrategia jurídica de AI. “Lo que más nos preocupa es que al ser este un órgano que no emite resoluciones vinculantes, lo que cuenta es que tenga legitimidad. Por eso es tan importante que el proceso de elección del nuevo defensor sea transparente y cuente con la participación de las organizaciones civiles”.Daniel Gershenson, presidente de la organización Alconsumidor, recuerda especialmente desalentador el trabajo de la Comisión en el incendio de la guardería ABC. El 5 de junio de 2009, 49 niños menores de cinco años murieron a causa del fuego originado en una nave contigua al centro donde los pequeños dormían la siesta. Otros 75 sufrieron lesiones. Se trata de uno de los episodios de mayor impunidad de la historia reciente de México. Hoy no hay ningún responsable en la cárcel. “Cuando José Luis Soberanes, el predecesor de Plascencia, fue a visitar a las familias a Hermosillo -ubicado en el noroccidental Estado de Sonora- regañó a un padre. Lo acusó de “querer llevar el agua a su molino”. Su hijo había fallecido escasas semanas antes. Después, al asumir la presidencia el ombudsman actual, la tónica ha sido ignorar a las familias por completo”.
"La CNDH no está con las víctimas, el acceso al expediente siempre es enfarragoso, la redacción de la recomendación mediocre y su contenido se conoce primero por los medios de comunicación”, critica a su vez Regina Tamés, directora de GIRE, organización que defiende los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Pese a la falta de resultados aparentes, la comisión ha triplicado en la gestión de Plascencia su presupuesto. La propia web del organismo revela que en 2010, durante el primer año de su mandato, recibió un presupuesto de 889,58 millones de pesos, unos 65,67 millones de dólares. Los recursos a partir de ese año fueron en aumento y en este 2014 se incrementaron a más de 1.416 millones (104,5 millones de dólares). Es decir, que el Congreso —que otorga el monto— le dio 526,8 millones de pesos más (casi 39 millones de dólares).
“El presupuesto de la Comisión supera al de algunos países pequeños”, denuncia el abogado Robles Maloof. Una investigación publicada en el diario Reforma el domingo 19 de octubre revelaba la adquisición por parte de Plascencia de una casa en el Pedregal, una adinerada urbanización del Distrito Federal, valorada en 20 millones de pesos, alrededor de 1,5 millones de dólares. Según el diario, no existen registros de los bienes del ombudsman al llegar a la CNDH en noviembre de 2009 y la Comisión alega que la información sobre su patrimonio es confidencial.
"La elección del presidente va a decidirse en una lucha entre distintas facciones del PRI", vaticina una fuente consultada. Lo que es seguro es que, con o sin Plascencia, la Comisión deberá reinventarse si quiere ser algo más que un gran almacén de informes.EL PAIS
