El Ministerio Público imputó a Marialvic Olivares, Lorent Saleh y a su madre Yamilet Saleh, los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones tipo básicas y ultraje violento contra funcionario público.
Estos delitos habrían sido presuntamente cometidos durante una manifestación ocurrida en las adyacencias de la sede del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, el 2 de mayo.
En la audiencia de presentación, el fiscal 2° y auxiliar de esa jurisdicción, Edgardo Ramón Sánchez Clara y Pablo Pimentel, imputaron a Olivares, Saleh y a su progenitora, los citados delitos, previstos y sancionados en el Código Penal.
Asimismo, los fiscales solicitaron al Tribunal 1° de Control del estado Barinas se le dictaran medidas cautelares sustitutivas de libertad, consistentes en presentación periódica cada 5 días ante el circuito judicial del estado al que pertenece cada uno de los imputados, entre ellos, Carabobo y Anzoátegui.
Igualmente, fue solicitada la prohibición de acercarse al lugar donde cometieron el hecho.
Una vez evaluados los elementos de convicción y la solicitud de los fiscales, el Tribunal acordó las citadas medidas contra tales personas, quienes se encontraban en una protesta que exigía la libertad del general Delfín Gómez Parra, detenido en 2006, como consecuencia de la causa judicial iniciada en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso en grado de continuidad, malversación genérica y agravada, pago de obras no contratadas, certificación de prestación de servicio inexistente, todos en perjuicio del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (Caaez), ubicado en el municipio Alberto Arvelo Torrealba (Sabaneta).
Como se recordará, el 28 de agosto de 2008, tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron sentenciados a 7 años y 7 meses de prisión los oficiales de la Fuerza Armada Nacional, Franklin José Castillo y Orlando Herrera Sierralta, por irregularidades en el manejo de los fondos para las obras en el citado complejo.
Asimismo, el Tribunal 2° de Juicio de Barinas dictó la referida condena contra el capitán Franklin José Castillo, acusado por el delito de peculado doloso propio. Igualmente, el referido Juzgado le ordenó pagar una multa del 20% del daño patrimonial que equivale a 404.151,41 bolívares fuertes y lo absolvió de los delitos de malversación genérica y obtención ilegal de utilidad.
El Tribunal también condenó al mayor Orlando Herrera Sierralta, por los delitos de peculado doloso impropio y lo absolvieron de los delitos de estafa agravada en detrimento de la administración pública. También tuvo que pagar una multa del 20%. Asimismo, los civiles Juan Carlos Herrera Sierralta y Roberto Valecillos Jara, acusados por peculado doloso, fueron condenados por peculado culposo, a 1 año y 9 meses de prisión.
La investigación del caso Caaez se inició en febrero de 2004, por la irregularidad relacionada con el cobro indebido de un cheque por 220 millones de bolívares (220 mil bolívares fuertes), y el intento de cancelación de otro por 125 millones (125 mil bolívares fuertes), desaparecidos de las cuentas del 62 Regimiento de Ingenieros de Construcción y Mantenimiento G/B Luciano Urdaneta, órgano administrador de los fondos para la construcción del Caaez.
Posteriormente, en el año 2006, se inició la investigación por la presunta malversación de recursos, destinados a la ejecución de obras del Complejo Azucarero. En abril de 2006, el Ministerio Público presentó la acusación contra los ahora sentenciados.
Actualmente, el caso de Delfín Parra se encuentra en etapa de juicio y es llevado por el fiscal 15° y auxiliar del referido estado, Luz Martínez y Jackson Maza, respectivamente.
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