Con el propósito de contribuir a que exista un trabajo mucho más eficiente, articulado y consustanciado con las necesidades de los privados de libertad, la Defensoría del Pueblo trabajará de manera articulada con el recién creado Ministerio de Asuntos Penitenciarios en la protección de los derechos humanos de los privados de los internos e internas de todo el país.
La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, reiteró su saludo el reciente nombramiento de la Diputada Iris Valera como titular de la cartera penitenciaria y señaló que esta designación “nos llena de muchas expectativas positivas acerca del sistema penitenciario nacional”.
“Vamos a seguir cooperando para que existe una administración de justicia célere”, dijo la Defensora del Pueblo.
Ramírez recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo le otorgan facultades específicas para velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa son privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad.
Asimismo, informó que se está avanzando en los trabajos de rehabilitación del Centro Penitenciario Rodeo I en estado Miranda para que los internos puedan regresar a este lugar y preserven el contacto con sus familiares.
Toda esta información la suministró Gabriela Ramírez, durante su visita a la ciudad de Barquisimeto, donde graduó a 250 voceros y voceras comunitarios que realizaron el Diplomado en Derechos Humanos y Poder Popular que otorga la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la cual fue creado en octubre del año pasado.
Desde el año 2008, la Defensoría del Pueblo viene trabajando en la formación de los Consejos Comunales y otras organizaciones de base en materia de derechos humanos, a fin de que las personas dispongan de las herramientas jurídicas y constitucionales para la activación y la defensa de sus derechos humanos.
“Nuestra Constitución es amplia y garantista de los derechos humanos y lo que necesitamos es enseñar al pueblo para que aplique todos los mecanismos que están allí contenidos en nuestra Carta Magna, con el propósito de que se respeten todos sus derechos”, indicó Ramírez.
La Defensora del Pueblo recordó que educar a las comunidades sobre sus derechos garantiza que puedan hacer valer las leyes ante una posible vulneración de los mismos. En este sentido, recordó que en el estado Lara ya se dio una muestra de esta labor cuando los Consejos Comunales junto a los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos que hacen vida en la región interpusieron una demanda contra la empresa Hidrolara por la mala prestación del servicio público de agua potable, el cual es un derecho humano reconocida nacional e internacionalmente.
Finalmente, la Defensora del Pueblo señaló que este diplomado se realizó en los estado Lara, Miranda, Vargas, Carabobo, Cojedes, Anzoátegui, Sucre y Distrito Capital y este año se extenderá a 8 regiones más del país, tras la reciente aprobación de un crédito adicional que efectuó el Presidente de la República, Hugo Chávez, a la Defensoría del Pueblo para seguir fortaleciendo la formación de las comunidades en el interior del país.
