(AP) — Humberto Prado ha estado enfrentado a diversos riesgos a lo largo de su vida. Estuvo preso en una de las cárceles más peligrosas de América Latina. Luego fue perdonado y se convirtió en director de una prisión.Pero nunca había sentido tanto miedo como cuando empezó a hacer activismo para cambiar el sistema carcelario venezolano.
A sus 48 años, Prado dice que ha recibido varias amenazas de muerte desde que hizo denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en El Rodeo, prisión donde hubo revueltas a mediados de junio.
El Ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, lo acusó de fomentar las rebeliones en esa cárcel por decir que los presos estaban armados en complicidad con la Guardia Nacional, fuerza que custodia los penales.
Para protegerlo Amnistía Internacional decidió enviarlo a España el 24 de junio, donde permaneció por casi dos meses. Decidió regresar a Caracas el 27 de agosto para solicitar las “investigaciones debidas”, pero las amenazas no cesaron.
Tuvo que extremar las medidas de seguridad y enfrentar lo que considera uno de los desafíos más duros de su vida: convivir con el miedo.
“Yo nunca pondría a mi familia por el medio a riesgo de mi trabajo”, dijo a The Associated Press (AP). “La vida de uno que se vaya. Pero la situación no es que ellos te atacan a ti. La metodología es atacar a tu familia que es donde está tu talón de Aquiles”.
Muchos activistas dicen que las amenazas encajan dentro de un oscuro patrón: ocurren luego de que denuncian abusos a los Derechos Humanos presuntamente cometidos por el gobierno del presidente Hugo Chávez.
El Ministro de Relaciones Interiores no respondió a una solicitud de entrevista pedida por la AP.
En los últimos siete años se han venido incrementado las agresiones, los ataques verbales, el acoso y los asesinatos de activistas al punto que el Gobierno ha sido sometido a un intenso escrutinio internacional, luego de que las organizaciones llevaran sus denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a Naciones Unidas (ONU).
Este año, el gobierno aceptó 99 de las 148 recomendaciones de protección a los derechos humanos elaboradas por países miembros de la ONU en el examen periódico universal presentado por el estado venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización en Ginebra.
Venezuela objetó 38 recomendaciones alegando que las medidas eran violatorias de la Constitución y de la soberanía del país. Entre ellas estaban el respeto a la independencia el poder judicial, el cumplimiento de obligaciones internacionales de protección de la justicia y libertad de expresión.
También rechazó una recomendación de la República Checa que expresamente le pedía a Venezuela “apoyar el trabajo independiente de las ONG y crear una estrategia para defender a los activistas de derechos humanos de acuerdo a los intereses de un desarrollo sostenible y saludable del Estado”.
“Ha habido una campaña de criminalización muy visible desde los medios de comunicación del Estado, desde las más altas autoridades intentando hacer una similitud entre la defensa a los derechos humanos con delitos como traición a la patria”, dijo Liliana Ortega, fundadora del Comité de los Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero (Cofavic), una de las principales ONG del país. “¿Por qué? ¿Quién nos puede decir eso? ¿Por qué Chávez y otros no quiere voces disidentes? Aunque parezca obvio hay que decirlo”.
El canciller Nicolás Maduro criticó el 6 de octubre, durante una visita a Ginebra, a las ONG que cuestionaron la situación de derechos humanos de Venezuela en los informes que presentaron en Naciones Unidas, y dijo a la cadena regional Telesur que alrededor del tema “se ha ido acumulando una burocracia internacional muy influenciada por los países imperialistas”.
De un promedio de dos a cinco ataques al año que sufrían activistas durante la década de los 90, se saltó a más de diez entre 2003 y 2010, según datos de la ONG Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.
En los últimos doce años han ocurrido más de 83 ataques a defensores de derechos humanos organizados en ONG y Comités de Víctimas. El grueso de los ataques consisten en amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. En menor medida se trata de asesinatos, limitaciones al derecho de asociación e interceptaciones telefónicas.
La estatal Venezolana de Televisión (VTV) difundió a mediados de junio, en medio del motín en la cárcel El Rodeo II – donde cientos de reclusos armados impidieron a las fuerzas militares intervenir en el penal durante un mes – una entrevista a un supuesto recluso de ese centro que presuntamente escapó y que acusó de forma directa a las organizaciones de DD HH de promover la sublevación de los presos.
Encapuchado y de espaldas a las cámaras, el presunto recluso dijo a VTV que los presos recibían las orientaciones “a través de muchas ONG de derechos humanos de la oposición que están buscando precisamente una coyuntura en este momento y crear pues un caos para hacer una emergencia a nivel nacional penitenciaria, por los diferentes hacinamientos y retardos procesales”.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz había descartado que las denuncias de ataques a activistas pudieran afectar la evaluación de Venezuela, y que el estado tenía “muchas fortalezas” para salir favorecida en del examen en la ONU.
De manera burlona, la fiscal Ortega dijo recientemente que “mediáticamente se dice: soy víctima de hostigamiento, pero jamás se señala en qué consiste”. También dijo que cada denuncia que ha sido interpuesta en la fiscalía ha sido atendida de acuerdo con el “debido proceso”.
La activista Ortega dice que desde 2002 el gobierno del presidente Hugo Chávez ha tratado de crear una “sociedad civil a la medida del oficialismo … que buscan desestimular e inhibir la acción de los defensores de derechos humanos”.
En septiembre de 2010, la fundadora de Cofavic fue duramente cuestionada por el director de Actuación Procesal de la Fiscalía General, Alejandro Castillo, quien en una conferencia de prensa desestimó su exigencia de exhumar los cadáveres de una fosa común que fue encontrada en los 90 en un cementerio del oeste de la capital.
Agregó que la organización que lidera Ortega se había “politizado y burocratizado”.
Antes de que Chávez asumiera el poder, esos casos de asesinatos eran de rara ocurrencia. Durante su primer año de gobierno no ocurrió ningún homicidio de esta naturaleza.
La Cidh aceptó en marzo el estudio del caso del activista Joe Castillo, de 32 años, que fue asesinado en 2003 de varios disparos en la localidad occidental de Machiques, estado de Zulia, cuando recogía a su hijo del kinder.
Entre 2003 y 2011 han sido asesinados diez activistas en el país, y sus casos permanecen archivados o en fase preliminar de investigación en los despachos judiciales venezolanos.
Otro caso que está en trámites para ser llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el de Mijail Martínez, un activista de 24 años, que fue asesinado de varios disparos en noviembre de 2009 frente a su casa en la ciudad centro occidental de Barquisimeto.
Su padre, Víctor Martínez, inició este año las gestiones para que el caso de Mijail sea aceptado por la CorteIDH, y tratar de conseguir, tal como reconoció, la “justicia que no ha conseguido en Venezuela”.
La cantidad de ataques contra defensores de Derechos Humanos en Venezuela es mucho más bajo que en Guatemala o Colombia, donde se reportaron más de 1.000 agresiones entre 2002 y 2010, según la ONU. En estos países grupos paramilitares constantemente atacan a estos activistas.
Fuera de las amenazas telefónicas, en internet fue colocado un blog con la fotografía de Prado, con las direcciones y teléfonos de su casa y oficina, y los mensajes “conócelo pueblo” y “penal capital”. El activista abandonó, junto a su familia, su residencia por temor a ser atacado.
Prado dijo a la AP que el hostigamiento comenzó en junio poco después que declaró a la cadena CNN en Español sobre la crisis de El Rodeo.
A sus declaraciones replicó de inmediato el ministro El Aissami, quien dijo que la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que dirige Prado, es una “caja chica del Departamento de Estado” y que su función era “desestabilizar el sistema penitenciario”.
“Se beneficia de las dádivas que le da el imperio (en alusión a Estados Unidos)”, señaló en la televisora estatal.
Ortega es pesimista ante las crecientes agresiones que enfrentan los activistas como él.
“En Venezuela hay un evidente cierre de espacios democráticos”, dice. “Las ONG de derechos humanos y los defensores en general cumplen un rol fundamental en democracia y sino pueden ejercer ese rol en un ambiente con mínimas garantías pues obviamente quiere decir que la salud de la democracia está muy debilitada”.
