En el norte de Antioquia, departamento del noroccidente de Colombia, se encontró este lunes una fosa común con 10 cuerpos que presuntamente pertenecen a miembros del Bloque Mineros de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según informó este jueves el ejército colombiano.
La cuarta brigada del batallón de artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez difundió un comunicado a los medios colombianos donde explicó que se recuperaron los cadáveres en una tarea conjunta con la Fiscalía de la nación y el Cuerpo Técnico de la Nación, luego de tres días de trabajos forenses.
Los estudios indican hasta ahora que los 10 muertos pertenecían a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia; específicamente al Bloque Mineros, cuerpo que era dirigido por Ramiro "Cuco" Vanoy.
Los restos serán trasladados a Pereira para su posterior análisis e identificación, según reportó el comunicado.
Toledo fue un municipio que en la década de los noventa sufrió por cuenta del accionar paramilitar: allí sucedieron asesinatos selectivos, desplazamientos y desaparición forzada de personas.
A Cuco Vanoy lo extraditaron a los Estados Unidos en mayo de 2008 y, en octubre de 2009, fue condenado a 24 años de prisión por la Corte Federal del sur de la Florida.
Este caso recuerda las fosas comunes de 2 mil asesinatos de jóvenes pobres, marginados, estudiantes y campesinos muertos por militares, quienes los hicieron pasar por guerrilleros para así cobrar premios por la muerte de enemigos u obtener más vacaciones o ascensos. En Colombia este escándalo se conoce como los falsos positivos.
La mayoría de estos asesinatos se produjeron durante los dos gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), período en el que el actual presidente Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa.
Diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas denunciaron sistemáticamente estos crímenes, pese a las amenazas que sufrieron de los paramilitares y del propio ejército.
La gran mayoría de esos crímenes están impunes entre otras razones por falta de voluntad política para que sean investigados y juzgados por la jurisdicción civil; según han denunciado varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
(TeleSUR)
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